Santo Domingo.-De acuerdo al expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Danilo Arbilla, los periodistas no pueden ser juzgados cuando en el ejercicio de su función denuncian un mal cometido por un servidor público que afecte a la mayoría de la población.
Indicó que en una democracia los funcionarios del Estado deben dar cuenta a los ciudadanos de todas sus acciones sin que una ley se lo establezca, ya que fueron elegidos por la población para que los represente, por lo que los ciudadanos tienen el derecho de denunciarlos y demandarlos ante cualquier irregularidad cometida.
Sin embargo, manifestó que se atenta contra el derecho de los periodistas cuando son asesinados por sectores que no quieren que alguna información en su contra sea publicada. Señaló que la libertad de prensa no tiene un amparo.
Precisó que con ese tipo de acciones se busca que la ciudadanía no conozca lo que pudiera decirse sobre los funcionarios, lo que entiende trata de establecer la autocensura entre los comunicadores.
Arbilla habló del tema al participar como panelista en el cuarto coloquio realizado por el periódico EL DÍA y que tuvo como tema central La despenalización de la difamación e injuria, en el hotel Barceló de esta Capital.
Libre expresión
El periodista uruguayo señaló que a los dictadores se les juzga y son condenados por todos los delitos cometidos en su mandato, pero nunca han sido sometidos a la Justicia por violar la libertad de expresión, cuando eso es lo primero que hacen al censurar a sus gobernados.
Expresó que la libertad de expresión constituye el primer derecho que tienen los seres humanos, por lo que nadie necesita obtener un título para poder emitir opiniones.
No hace falta una ley
El expresidente de la SIP indicó que los funcionarios públicos son postulados porque lo desean, por lo que al ocupar posición saben que están expuestos al cuestionamiento por parte de sus representados.
En una democracia, el servidor público tiene que dar cuenta a diario de lo que está haciendo con lo que el pueblo le entregó para que lo administre, sin tener que ser obligado por ninguna ley. Los ciudadanos tienen derecho a denunciar a sus funcionarios, y punto, señaló Arbilla.
Defendió en todo momento la libertad de prensa.
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