Resulta cuesta arriba escuchar a políticos insistir en la necesidad de la aprobación de la ley de partidos, cuando en el fondo manejan informaciones de que no existe ninguna voluntad en establecer este régimen para las elecciones presidenciales de 2020.

Los partidos se resisten a ser regulados por la Junta Central Electoral con la rigidez estipulada en la ley de partidos. Por más que propalen que contribuirá a fortalecer la democracia y revestir al país de mayores garantías ciudadanas, en su interior los líderes políticos le temen como “diablo a la cruz” ser vigilados más de cerca por la Junta.