SANTO DOMINGO.- El vocero del expresidente Leonel Fernández, Rafael Núñez, advirtió que el Ministerio Público debe actuar con entera libertad e imparcialidad en los casos que se presuma se han cometido actos dolosos -no importa de quién se trate-, mediante una investigación que garantice el debido proceso y no esté contaminada por el chantaje y la justicia selectiva.

La reacción de Núñez se produce luego que la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), removiera una investigación que desde hace tres años reposa en esa dependencia, a los fines de, en estos momentos, ordenar el arresto del exministro de las Fuerzas Armadas, general Rafael Peña Antonio, un excoronel de la Fuerza Aérea de la República y dos civiles, involucrados en presuntos sobornos en la compra de los aviones Tucano.

“Ojalá que la acción del PEPCA no responda al chantaje o una especie de justicia selectiva con la que actúa la Procuraduría General de la República, instancia que  ha sido muy diligente para mover la acción pública en momentos que tienen una connotación muy especial, cercanos a fechas significativas en el ajedrez político, lo que se interpreta como un chantaje”, declaró el exdirector de Prensa de la Presidencia.

Refirió que toda la opinión pública está consciente de cómo el Procurador General utilizó por más de dos años un expediente de alegada corrupción contra un exfuncionario, a los fines políticos del jefe del ministerio público.

«Cualquier persona que haya ejercido funciones públicas en la administración de Fernández o cualquier otro gobierno, civil o militar, está obligada a rendir cuentas y acudir a las instancias judiciales cuando así se le requiera,  y es ahí que debe probar su inocencia», sostuvo.

Observó que el país no puede, sin embargo, ver con buenos ojos que desde la Procuraduría General de la República se intente hacer justicia selectiva o usar expedientes como forma de chantaje.

Uno de los proyectos más cuestionados

La compra de los ocho aviones Súper Tucano, por un monto de US$93.6 millones a una empresa brasileña, ha sido uno de los proyectos más cuestionados, incluso desde antes de concretizarse la operación en 2009.

No bien terminaba el presidente de entonces Leonel Fernández de someter el proyecto al Congreso en noviembre de 2007, para aprobar el préstamo que se necesitaba, cuando ya en el país llovían las críticas por el alto costo de las aeronaves.

Incluso, legisladores oficialistas se opusieron al proyecto por las denuncias de soborno que se tenían y la baja efectividad de los Tucano en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, el préstamo, que sobrepasa los 4 mil millones de pesos, al que aún le faltan seis años para saldar, fue aprobado en el Congreso en noviembre de 2008. El financiamiento fue suscrito por el Estado con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDES) y la Empresa Brasileira de Aeronáutica, S. A. (Embrear), a la que se acusa de haber pagado un soborno de US$3.5 millones a altos mandos militares y otras personalidades para ser beneficiadas con el contrato. Las primeras dos aeronaves llegaron en 2009 y para 2010 ya se encontraba el total en el país.