Ley de Reforma de la Empresa Pública (141-97), del 24 de Junio del 1997, creó el marco jurídico para el desmantelamiento de gran parte del patrimonio del pueblo dominicano, que se encontraba organizado bajo el amparo de la Corporación de Empresas Estatales (Corde) y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Basándose en esa Ley, mediante el Decreto 180-99, del 14 de septiembre del 1999, el entonces presidente Leonel Fernández autorizó el arrendamiento de los ingenios azucareros propiedad del Estado. Este acuerdo se produjo inicialmente en favor de la empresa Impulsora Azucarera del Noroeste, luego Consorcio Azucarero del Caribe.

No obstante, el 5 de marzo del 2001, motivados en el no cumplimiento de sus expectativas de beneficios, un grupo de inversionistas mexicanos que habían sido parte de las inversiones para el arrendamiento de los ingenios, traspasan sus acciones a empresarios dominicanos, que procedieron a devolver varios inmuebles al Estado dominicano, entre ellos las parcelas de la antigua factoría del Ingenio Río Haina.

Esa devolución motivo que, en el 2002, surgiera el interés de empresas productoras de pollo, cerdo y huevos de proponer al Estado un nuevo Contrato de arrendamiento de los terrenos y almacenes de depósitos de la factoría del antiguo Ingenio Rio Haina, lo cual se concreta el 13 junio año 2002.

Este nuevo contrato fue suscrito entre el Estado dominicano, la Terminal Granelera del Caribe, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el Consorcio Alimenticio Dominicano. Mediante el mismo El Estado cede en arrendamiento los activos del Ingenio Rio Haina durante 27 años, con la posibilidad de prórroga.

El monto a pagar acordado entre las partes fue de 300 mil dólares anuales, durante los tres primeros años. A partir del tercer año se produciría un incremento de un 1.15%, sobre el valor del año inmediatamente anterior y a partir del quinto año un incremento del 2.3% del año inmediatamente anterior.

Este acuerdo de arrendamiento estuvo funcionando adecuadamente, según lo contratado. Pero en el año 2010 surge una Promesa de compra-venta del inmueble. La Terminal Granelera del Caribe presentó un Propuesta Formal al Estado Dominicano-Cea para comprar los terrenos y desarrollar –a su propio costo y riesgo-un proyecto de desarrollo agropecuario.

Las cosas estaban montadas sobre rieles. Tegra interesado en Comprar. El Cea interesado en vender. En un primer momento se arriba a un acuerdo de producir el negocio en base a un monto de $79,339.956.25 pesos. Además, se dejan suspendidos los pagos de arrendamientos, salvo los pagos vencidos hasta la fecha de la promesa de compraventa. Esta promesa de Compra/venta fue firmada en el año 2010, sin que se especifique día ni mes, aunque fue legalizado el 28 de junio de ese año.

El contrato de venta finalmente fue suscrito el 24 de abril del 2012, por un monto de 202 millones de pesos, luego de que se hicieran tres tasaciones, según informes del Cea, aunque en el expediente que cursa en el Congreso no se encuentran los documentos de dichas tasaciones. Mediante dicho contrato el Estado, a través del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), traspasa a la Compañía Terminal Granelera del Caribe, S. A. (TEGRA) una porción de terrenos con una extensión superficial total de ciento sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y tres punto veinte metros cuadrados (168,753.20), correspondiente a 13 parcelas ubicadas en los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, por un monto de doscientos dos millones quinientos tres mil ochocientos cuarenta pesos (RD$202,503,840.00). Es decir, a un costo por metro cuadrado de 1,200.00 pesos. Ese contrato incluye los almacenes, tanques de almacenamientos y los accesos al puerto, entre otras mejoras.

De acuerdo al trámite legal, sólo queda pendiente la aprobación del Congreso de la República. Con ese propósito fue remitido por el Poder Ejecutivo al Senado de la Republica, en fecha 02 de abril del 2014, siendo aprobada en la sesión del 17 de diciembre del 2015, y remitida a la Cámara de Diputados en fecha 07 de abril del 2015.

En la Cámara de Diputados el expediente ha sido estudiado por una Comisión Especial creada por Abel Martínez, entonces presidente de ese órgano, y por la Comisión Permanente de Contratos, en la gestión del actual presidente, Rubén Maldonado. Ambas comisiones han evacuado informes favorables a la aprobación, aunque el Pleno ha decidido que vuelva a Comisión el Contrato para nuevo estudio.

Está a un paso el que se complete la pérdida de ese patrimonio del pueblo, como ya ha ocurrido con otros bienes “vendidos a precio de vaca muerta”.

Yo no voy a cuestionar el legítimo interés de negocios que tienen los grupos empresariales asociados en este proyecto. Son productores reconocidos y contribuyen enormemente a la producción de rubros vitales para la dieta del pueblo dominicano. Creo que hacen bien en buscar más competitividad frente a la amenaza de los grandes productores globales. Unos almacenes y el acceso a un puerto de gran calado, sin duda que ayudan a disminuir los costos. Es más, es posible que si yo estuviera en su posición estaría empujando la carreta hacia el mismo lado que ellos empujan.

La que no entiendo es la posición del Estado en este caso. Da la impresión que el grupo que negoció esta venta llevaba una caja de muerto muy pesada sobre sus hombros y quería tirarla rápido o andaba buscando beneficios colaterales. Repito que es la impresión, pues yo no tengo elementos de prueba para afirmar una cosa u otra.

Haga usted señor (a) lector (a) su propio juicio. Le adelanto algunos numeritos para que usted evalúe: Si se calcula el beneficio que recibiría el Estado fruto del arrendamiento por 27 años, a un costo de 300 mil dólares por año (sin calcular el incremento del 1.15 a partir del tercer año y del 2.3% a partir del quinto año), nos da la cifra de US$8,100,000.00 dólares. Convertidos a peso, calculándolo a 49 por uno, estamos hablando de que el Estado recibiría RD$396, 900,000.00 pesos, que es casi el doble de la suma de dinero por la que se está vendiendo el inmueble. Es decir que vendiendo el inmueble deja menos beneficio que manteniendo el Contrato de Arrendamiento.

No hay que ser un genio para darse cuenta que vender ese inmueble no es ventajoso para el Estado, que deja pérdidas millonarias y que despoja al pueblo de otra parte de su patrimonio.

Y como yo lo que soy es representante del pueblo y, por tanto, mi primer compromiso es velar por la preservación de su patrimonio, no sólo no votaré en favor de ese Contrato sino que estimularé a mis colegas para que lo rechacemos.

Y en virtud de lo estipulado en el artículo 9 del Contrato de Venta, el dinero pagado por las empresas compradoras, si no se lograre la aprobación del Congreso, se asumen como adelanto de los pagos por concepto de arrendamientos, nos permite estar tranquilos porque, rechazado por los Diputados, el Contrato de arrendamiento retoma su curso. De esta manera todo el mundo gana. Los productores podrán continuar con sus actividades productivas, utilizando las instalaciones del Ingenio Río Haina, el Estado mantiene en su poder los 202 millones de pesos ya cobrados y el pueblo conserva su patrimonio.