CARACAS, Venezuela.-Miles de manifestantes marchaban el miércoles en Caracas mientras la OEA analiza llamar a los cancilleres del continente para tratar la crisis en Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro amenaza con abandonar el organismo tras casi un mes de protestas que han dejado 26 muertos.

La marcha convocada por la coalición opositora partió desde 26 puntos de Caracas para confluir en la sede de la Defensoría de Pueblo, en el centro de la ciudad, que amaneció custodiada por guardias nacionales con equipos antimotines.

A su paso por el municipio capitalino de Chacao, en el este de la ciudad, uno de los manifestantes alertó a la policía sobre la presencia de un explosivo.

El comisionado de la policía de Chacao, Richard Sánchez, dijo a The Associated Press que miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional acudieron a la zona para desactivar el artefacto y desalojar el lugar ya que se trataba de «una granada fragmentaria con un alcance de más de 50 metros».

La oposición reclama elecciones adelantadas.

En tanto, otros puntos del centro de Caracas también estaban tomados por los cuerpos de seguridad como parte de los preparativos para una marcha que realizarán los oficialistas hacia la sede del palacio de gobierno.

Mientras se desarrollan las protestas, el Consejo Permanente de la OEA se reunirá el miércoles Washington para considerar un pedido de convocatoria de los ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio para analizar la crisis venezolana.

Caracas rechazó de antemano la convocatoria y advirtió que, de concretarse el encuentro de cancilleres sin su aval, iniciaría el proceso de retiro de la organización.

El jurista y académico venezolano Gerardo Fernández afirmó que para Venezuela es «inviable» salir de la OEA debido a que muchos de los derechos fundamentales contemplados en la carta del organismo forman parte del «derecho interno, con rango constitucional» y desacatarlos implicaría un «fraude constitucional».

En un comunicado agregó que la salida de Venezuela del organismo solo podría darse en dos años e implicaría un «aislamiento total» de la comunidad internacional con implicaciones políticas, estratégicas y económicas.

Miles de seguidores del presidente Nicolas Maduro también salieron a las calles a expresar su rechazo a los planes de la oposición.

La oposición ha intentado en seis oportunidades este mes marchar hacia la Defensoría del Pueblo para exigirle que inicie el proceso de destitución de un grupo de magistrados del Tribunal Supremo que emitieron dos sentencias contra la Asamblea Nacional que desataron la actual crisis, pero los cuerpos de seguridad le han bloqueado el paso y han utilizado gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes.

El dirigente y excandidato presidencial Henrique Capriles ratificó el miércoles que la oposición continuará las protestas hasta que el gobierno permita la realización de elecciones generales, abra un canal humanitario para alimentos y medicinas, libere a los presos políticos y respete al Congreso.

«Nosotros queremos una solución constitucional», dijo Capriles a la emisora local Onda y descartó que la oposición esté promoviendo un golpe de Estado, como denunció Maduro.

El dirigente reiteró que Maduro dio un «autogolpe» con las sentencias que emitió el máximo tribunal contra la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y planteó que ningún país democrático puede «hacerse permisivo» ante la situación que enfrenta Venezuela.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez anunció en su cuenta de Twitter que el 2 de mayo se realizará en San Salvador una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la que Caracas denunciará la «violencia opositora» generada durante las protestas de las últimas semanas.

Las crecientes tensiones políticas han desatado un espiral de violencia que ha dejado 26 muertos y 437 heridos. Ante la compleja situación la ONU, la OEA y varios países de la región han urgido a Caracas a que cree condiciones para enfrentar la crisis.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz indicó la víspera que durante las protestas fueron arrestadas 1.289 personas de las cuales 65 permanecen detenidas y otras 217 serán presentadas ante los tribunales.

Las acciones de las autoridades venezolanas han sido cuestionadas por organizaciones como Amnistía Internacional que denunció el miércoles que en Venezuela se utiliza el sistema de justicia de «manera ilegal para incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente».