CARACAS.- La oposición venezolana anunció el sábado que no avanzará hacia un diálogo con el gobierno hasta que no existan garantías y una agenda clara, lo que aleja la posibilidad de que en el corto plazo pueda iniciarse un proceso formal de negociaciones en el país suramericano agobiado por una crisis económica y política.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y el diputado Luis Florido informaron en conferencia de prensa que las reuniones que tuvo la oposición con delegados del gobierno el miércoles y el jueves en República Dominicana solo fueron «encuentros exploratorios» e indicaron que la realización de la reunión pautada para el 27 de septiembre dependerá de las garantías que se concreten en los próximos días.

«Si nosotros no creamos esos seguros, esos candados, esa garantía, que fundamentalmente es internacional, para que no vacilen a Venezuela de nuevo, no vamos a dar ningún paso», dijo Borges, quien fue uno de los representantes de la oposición en los encuentros en República Dominicana.

Florido, quien también fue delegado de la oposición en las reuniones, expresó que los avances de las negociaciones dependerán de que se logren las «garantías democráticas», como el cese de las inhabilitaciones de los opositores y la liberación de los llamados «presos políticos.

También exigió la definición de una fecha para someter a referendo los acuerdos de los diálogos y que se asegure la supervisión internacional del grupo de países garantes, que integran México, Chile, Bolivia y Nicaragua, y al que se sumará Paraguay, que fue propuesto por la oposición venezolana.

Falta por definir el sexto país, propuesto por el gobierno, que se sumaría al proceso. El pronunciamiento de la oposición contradice la declaración que ofreció la víspera el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró: «estamos próximos a un acuerdo de convivencia política, de paz y soberanía».

Por otra parte, el cardenal Jorge Urosa Savino consideró como «extemporánea» la fase exploratoria que emprendió esta semana el gobierno y la oposición para reactivar los diálogos e indicó que «después de las elecciones (de gobernadores) es que podría evaluarse si se va o no a un diálogo».

«Las elecciones de gobernadores son importantes para establecer el inicio del cambio de gobierno en el país. Ahora no se debe debatir si hay diálogo o no», dijo Urosa Savino en una entrevista que difundió el sábado el diario local El Nacional en la que admitió que «no hay garantías ni condiciones para el diálogo».

El cardenal, un fuerte crítico del gobierno, afirmó que la discusión sobre los diálogos puede distraer la atención de la oposición sobre las elecciones de gobernadores. «Si ese no es el objetivo del gobierno, al final es el logro que va a obtener: desanimar al pueblo opositor», agregó.

Los delegados del gobierno y la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) iniciaron el miércoles en República Dominicana una fase exploratoria de dos días para un eventual proceso de diálogo. El proceso contó con la mediación del presidente dominicano Danilo Medina y el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero.

El proceso se ha reactivado luego de nueve meses de estancamiento de las conversaciones que se iniciaron en octubre del año pasado y que se paralizaron dos meses después en medio de acusaciones sobre el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno y la oposición.

Ese proceso contó con la facilitación del Vaticano y los expresidentes Leonel Fernández, de República Dominicana; Martín Torrijos, de Panamá, y Rodríguez Zapatero.

La reactivación del proceso ocurre en medio de una crisis económica y política que se agudizó tras cuatro meses de protestas antigubernamentales que dejaron más de 120 fallecidos, casi 2.000 heridos y más de 1.000 detenidos.

Para enfrentar la crisis el presidente Nicolás Maduro impulsó, en medio de críticas internas y externas, una iniciativa para una Asamblea Constituyente que fue electa a finales de julio.

La instalación en agosto de la oficialista Asamblea Constituyente, que acordó entre sus primeras acciones la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, desató cuestionamientos de numerosos gobiernos, entre ellos Estados Unidos que impuso el mes pasado severas sanciones económicas a Venezuela.