SANTO DOMINGO.-La Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE), a cargo del proyecto Nuevo Domingo Savio, defendió el manejo con que están desalojando a las primeras 25 familias del sector Los Guandules para dar paso a ese proyecto.

La abogadaLaura Acosta Lora, afirmó que a los ocupantes se les han respetado y garantizado sus derechos, ya que URBE pagó por las mejoras censadas en 2016, y llegaron nuevos ocupantes que pretenden sacar más provecho.

“Ahí nadie es propietario del terreno, y a cada quien se le paga lo que corresponde de conformidad con el valor de su mejora.

Se hizo un censo de empadronamiento que culminó en 2016, en el que se registraron 767 viviendas en Los Guandules y 450 en La Ciénaga en zona de alto riesgo”, precisó la jurista que colabora con el plan.

Explicó que en ese proceso tomaron foto a cada vivienda, se estableció la cantidad de personas y evaluaron las condiciones de las mejoras e hicieron un levantamiento catastral en que determinaron que todos los que están ubicados ahí ocupan terreno del Estado o de particulares.

“Ahí hay tres tipos de personas: los propietarios de mejoras, gente que de forma oportunista construyeron para alquilárselas a gente pobre y que tienen dos y tres casas; un segundo grupo que son los pobres inquilinos en condiciones de vulnerabilidad, y otros que construyeron, viven ahí y dizque le compraron a un oportunista”, explicó Acosta, tras especificar que el padrón fue cerrado hace dos años.

A partir de esa fecha otros comenzaron a construir, como también propietarios de mejora que decidieron sacar a los inquilinos y meter a una persona para que les cuide la casa.

Significó que pagaron una compensación económica consensuada previamente de 200 hasta 500 mil pesos, e incluyeron el proceso de mudanza fiscalizada “y ahora dicen que les violan sus derechos”.

Protesta

Ayer decenas de familias de Los Guandules denunciaron y protestaron que han sido atropelladas y saqueadas, incluso por parte de quienes llevan a cabo el traslado.

De manera simultánea se apostaron en la Casa Comunitaria de Justicia de La Ciénaga y frente al Palacio Nacional en reclamo de un mejor pago por sus mejoras.

Se quejan de que URBE les da mejor pago a los inquilinos que a los propietarios, a quienes apenas les compensa con 7, 14 y 18 mil pesos.

“Llegaron, rompieron el púlpito grande donde se guardaba la ofrenda, el “alfoli” del diezmo y una alcancía donde los hermanos ahorraban para la obra misionera”, proclamó Nereyda Santana, pastora de la iglesia Jesús una mano Amiga.

Mayra Cáceres insistió en que la sacaron a las 5:00 de la mañana de su casa, bajo tensión. “Ahora estamos en la calle y sin trabajo, porque lo he descuidado por estar en esto; me tumbaron la casa y mis tres hijos en Manoguayabo”, enfatizó. Fausto Ramírez y Nathali Féliz se presentaron a la Casa Comunitaria de La Ciénaga, donde advirtieron que solo muertos los sacarán de allí.

“A nosotros nos dan la cara y nuestro dinero o nos matan”, proclamó Bienvenido Acevedo, otro pastor.

Entregan carta

Frente al Palacio Nacional, presidentes de las juntas de vecinos San Rafael Abajo, Santa Filomena, Ribera del Ozama y María Trinidad Sánchez, entre otras, entregaron un documento a Alejandra Liriano pidiendo respeto. Esta les dijo consensuaran con URBE mejor pago, pero que el desalojo sigue.

Proyecto

—1— Inversión
El proyecto implicará US$150 millones e impactará a unas 45 mil familias.
—2— Parque
En la ribera se hará el parque ecológico fluvial paseo del río, muelles.
—3— Servicios
Otras facilidades garantizadas son agua, drenaje pluvial, electrificación y escuelas de jornada extendida.