No hay acto de solidaridad humana más digno que retribuirles a nuestros adultos mayores todo lo que han hecho por el país, permitiéndoles vivir en ciudades más amigables, mejor calidad y cobertura de los servicios de salud en la etapa de su vida cuando más lo necesitan y facilitándoles pensiones que puedan estar en línea con sus expectativas y necesidades.

De acuerdo el Index Mundi, en 2014 teníamos cerca de 750 mil personas mayores de 65 años de edad, y para 2020 se estima que la cifra alcanzará el millón.

En este concepto de vejez digna está insertado nuestro actual sistema de pensiones, que pese a la existencia en algunos estamentos del Estado que disfrutan de situaciones irritantes de pensiones discriminatorias y privilegiadas, la mayoría de quienes pueden actualmente optar por una pensión está inscrito en el régimen de capitalización individual.

Este régimen apenas cubre cerca del 25 % de la población económicamente activa del país. Por ello, la primera necesidad que tiene nuestro sistema de pensiones es completar el diseño e implementación del régimen, de manera que los trabajadores informales, los independientes, los micro y pequeños empresarios, y los que se encuentran en situación de necesitar el auxilio social, puedan participar del sistema con un mínimo de seguridades que les asegure no tener que vivir sus últimos años en la miseria.

Así mismo, al régimen actual se le deben introducir mejoras que permitan a futuras generaciones un sistema justo y sostenible en el tiempo, requiriéndose prolongar el tiempo de vida útil, aumentando las aportaciones y proveyendo mecanismos de cobertura para un adecuado seguro de salud.

Recientemente se presentaron en el país unas iniciativas de reforma del sistema de seguridad social que repentinamente salieron de la palestra pública. No dejemos que prioridades políticas opaquen ni distorsionen las mejoras que hay que introducir para asegurarles a nuestros conciudadanos una vejez digna.