El envío de una misión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) como propuesta de su secretario general fue aceptado por República Dominicana en razón de las serias contradicciones con Haití sobre las medidas a ser ejecutadas tras el cierre del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).

El gobierno haitiano aceptó el despliegue de esa misión a nivel insular con dos sugerencias que fueron rechazadas. Se trata de la solicitud de que la misión iniciara en territorio haitiano y que la delegación fuera reforzada por otros organismos como la ONU y la Caricom.

Siendo ambos países miembros de la OEA, dicha misión tenía el propósito de hacer un diagnóstico de la situación para ayudar en la búsqueda de soluciones o alternativas que además de la soberanía de los Estados tengan en cuenta las personas y familias envueltas con la preocupación de preservar su dignidad y el estricto respeto de los derechos humanos.

Como primer elemento, los comisionados deberían reconocer los grandes esfuerzos desplegados por el gobierno dominicano para la implementación del PNRE con más de 350,000 personas que recibirán, todas, pronto, un estatus migratorio o sus documentos según expresaron las autoridades en sus intervenciones internacionales.

Como segundo elemento, con la “bienvenida” dada por los grupos ultranacionalistas dominicanos a la comisión, todos los elementos están reunidos para entender lo volátil de la situación por su alto componente ideológico político, el cual desde el antihaitianismo, transforma de manera muy peligrosa para los dos países, al hecho migratorio en “invasión pacífica”.

Como tercer elemento, al analizar los resultados del PNRE, se observará, por un lado, la exclusión de 169,767 personas que no pudieran inscribirse por diversos motivos. Si bien se dio una prórroga para los candidatos a la naturalización (Grupo B), no se hizo lo mismo con los inmigrantes que son un número mucho más elevado, expuestos pues injustamente a la deportación.

Por otro lado, se tomará nota de los serios problemas que hacen del Programa de Identificación y Documentación de los Inmigrantes Haitianos (Pidih) un fiasco total. El gobierno haitiano no se preparó desde que entró en vigencia la ley de Migración en octubre 2011 para asistir adecuadamente a la comunidad.

Como cuarto elemento, quizás lo fundamental en el conflicto bilateral, debe llamar la atención, por ser una situación sin precedente en el continente, la estampida llamada “retorno voluntario” al sobrepasar, en tres semanas, las 40,000 personas que abandonaron el territorio dominicano hacia Haití.

De estas, un número indeterminado declara haber sido interceptado en la vía pública por policías o militares. Otros, inscritos probados al PNRE e hijos de parejas mixtas, dicen que fueron presionados por civiles armados para marcharse.

Dichos casos tienen precedentes. Varias ONG dominicanas desde principios de año denuncian operativos militares de repatriaciones masivas en la zona sur del país. Una de las denuncias incluyó nombres de dos generales.

Mientras, a través de las redes sociales se reclutan jóvenes para los comités de vigilancia barriales en contra de la inmigración ilegal.

En tanto que en diversas ocasiones inmigrantes haitianos han sido perseguidos por turbas en base a la implicación, comprobada o no, de un compatriota en un hecho criminal.

Obviamente, no es un programa de retorno planificado entre los dos gobiernos y según las buenas prácticas migratorias. Para una mejor ilustración cabe destacar que un programa similar llevado a cabo por España con financiamiento hasta para el “retorno productivo” benefició entre 2009 y 2014 solo a 15,549.

En el caso dominicano se trata de un retorno a todas luces traumático.

Como quinto elemento, la comisión de seguro apreciaría el ambiente pre-electoral en los dos países, que lleva visiblemente en ambos lados a una actuación política potencialmente beneficiosa en las urnas sin importar los riesgos implícitos para la buena convivencia insular.

Cada parte parece tener su verdad. Con tres crisis en menos de dos años, es la constatación del fracaso de un dialogo que no puso en la mesa de discusiones los problemas estructurales de la agenda bilateral.

En tal sentido, una misión externa de observación técnica fue oportuna por el informe que pueda rendir. Los comisionados prometieron una descripción equilibrada y seria de sus observaciones. Es preciso esperar sin prejuicios.