Los legisladores en calidad de Asambleístas, en el conocimiento del proyecto de Constitución, en segunda lectura, tienen la oportunidad de enmendar la falta de entereza  y responsabilidad social con que abordaron lo referente al artículo 30, que trata el tema del aborto.

Lo que se reclama respecto de este tema, es la posibilidad que deben tener las mujeres de decidir, en circunstancias excepcionales, la interrupción del embarazo. De igual modo que en situaciones en que la preservación  de un embarazo, ponga en peligro la vida de la madre, el mismo pueda ser interrumpido sin consecuencias penales, ni para la mujer ni para el médico que realiza el acto.

El comportamiento de la mayoría de los y las legisladores/as ha sido de doble moral frente al tema. El empeño por congraciarse con los poderes mediáticos se ha superpuesto a la de corresponder a un reclamo, que según  encuesta de una firma de reconocido crédito, cuenta con el aval de más del 80% de la población.

Si les preocupa la amenaza de las cúpulas eclesiásticas en momento de una coyuntura electoral, en la que todos y todas buscarán reelegirse, la opinión favorable de una amplia mayoría de los y las ciudadanos/as debiera servirles de aliento y firmeza para cumplir adecuadamente su rol de representante de la sociedad.

Además de que constituye una posición políticamente conservadora, que regresa  la República Dominicana a la Edad  Media y, cuyo debate nos recrea los tiempos de la inquisición, violenta derechos fundamentales de la mujer, incluyendo el de la vida misma, cuya defensa se levanta como bandera para argumentar el articulo 30, tal y como fue enviado por el Poder Ejecutivo.

Así como los fenómenos naturales devienen en tragedia social en virtud de la pobreza que azota al país, la penalización no sólo del aborto terapéutico y en circunstancias excepcionales, sino también de la planificación familiar, que está implícita en el contenido del articulo 30, representa una tragedia social, porque afecta fundamentalmente a las mujeres pobres.

Mantener este artículo en la Constitución que habrá de resultar de la Asamblea Revisora,  constituye una aberración imperdonable, que niega la pregonada modernidad y contraviene la esencia del alegado Estado Social de Derecho que prometió el Presidente de la Republica, en los albores del proceso de reforma constitucional que está en curso.

Al reconocer la entereza de los y las congresistas que han mantenido una postura de firmeza y coherencia en el tratamiento del tema, es oportuno reiterar el llamado a los miembros y miembras de la Asamblea Nacional, para que ésta opte por una de dos: sacar de la constitución el tema del aborto o abrir la brecha en la redacción del articulo para que las excepciones queden liberada de la pretendida penalización.

*La autora es ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y dirigente del Miuca