Un pacto, ¿para qué?

Un pacto, ¿para qué?

Un pacto, ¿para qué?

María Teresa Cabrera

Desde que se anunció el decreto de convocatoria al nuevo pacto por la educación, he sostenido que metodológicamente debió iniciar con un balance crítico que diera cuenta del grado de cumplimiento de las políticas y programas pactados en los anteriores.opinion 25

Esto habría permitido identificar los obstáculos que imposibilitaron su cumplimiento, los aspectos que todavía conservan vigencia, los nuevos imperativos que la coyuntura reclama y los compromisos y mecanismos para garantizar la superación de los nudos que impidieron su ejecución.

Para temas como: calidad, cobertura, formación y dignificación de la carrera docente, calendario y horario escolar, reforma curricular, descentralización y modernización del sistema, evaluación, infraestructura… se definieron y concertaron políticas que se encuentran en montones de libros, no se implementaron y ahora vuelven a la agenda de la convocatoria actual como una novedad.

Los resultados de la consulta y las propuestas presentadas por los actores participantes muestran puntos de partida y propósitos, visiblemente, contradictorios.

Unos abogan por fortalecer el carácter público, reivindican la escuela democrática que promueva la formación integral de las personas y las prepare para el ejercicio de todas las prácticas sociales; mientras otros enfatizan la lógica de mercado, la competitividad y la generación de “necesidades”, de nuevas áreas de negocios en el sector.

De todos modos, las mesas de debate están en desarrollo y es preciso hacer esfuerzos a los fines de que el proceso sirva para incluir lo que falta (carácter laico de la educación, interculturalidad, educación sexual, perspectiva de género, ciudadanía, humanismo…) identificar los nudos, construir con claridad meridiana el cómo, las acciones concretas, y los mecanismos y compromisos de los actores que aseguren su implementación.

Sería interesante conseguir que reflexionemos en qué medida inciden en nuestra realidad educativa los criterios de gestión, la burocratización, el clientelismo, la incidencia del partido gobernante (cual sea) en la selección del personal, la cultura de incumplimiento y violación de las normas, la verticalidad de las relaciones educativas que promueve el sistema, la incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, la centralización, la falta de una cultura de transparencia y la ausencia de referentes auténticamente democráticos para educadores y educandos.

Las respuestas a estas preguntas podrían ayudarnos a desenredar, con espíritu de superación, los nudos que nos han impedido avanzar en el logro de los objetivos encargados al sistema educativo.

En todo caso, que el PACTO sirva para afirmar el carácter público de la educación como un derecho social, y para ayudar a superar las trabas que frenan su cualificación.



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