La República Dominicana es un país que puede exhibir una riqueza de planes que mueren sin ejecutarse.

Una parte de ellos prosperan, como es el caso de una política parcial de planificación, que según plantean organismos privados impidió que la población del país se situara en la actualidad en 14 millones de habitantes.

El Congreso Nacional también reporta una impresionante labor. Hay importantes leyes aprobadas y en cierta forma “vigentes” que contribuirían a hacernos un mejor país en el concierto de naciones que conforman la región, pero no se cumplen; y no hay autoridad para hacer que ese conjunto de leyes “vigentes” se cumplan.

Ese vacío para imponer el imperio de la ley hace que sectores organizados presenten propuestas brillantes a determinados funcionarios del área de la Justicia. El requiebro de la seguridad ciudadana animó recientemente a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) a una reflexión compartida para hallarle solución a este problema que nos acogota.

En el campo de la imaginación cabe preguntarse, ¿qué sería de la República Dominicana y la inquietante ola de delincuencia, si hubiéramos llegado a una población de 14 millones de personas viviendo en este limitado territorio? La pregunta es extensa.

Pero más extensa y con mayor alcance es la apatía para no imponer en el país el respeto por las leyes, verdadero factor para que haya un incontrolable clima de inseguridad ciudadana. Llegó el momento de tomar decisiones con firmeza.