La Cámara de Diputados este martes, en una operación insólita, decidió tomar el proyecto de Código Penal aprobado en el Senado y enviarlo a la Comisión Permanente de Justicia.

De cara a esta nueva discusión, vale la pena insistir: el Código Penal no es la imposición del código moral de una religión por sobre las demás creencias, ni es lo que unos pocos prefieren que haga la mayoría con su cuerpo y su sexualidad, sino que es lo que los representantes electos por ciudadanos y ciudadanas deben establecer de acuerdo al bien común, respetando la Constitución cuando dice: “”l rol del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva”.

República Dominicana es uno de los ocho países que en el mundo prohíben la interrupción del embarazo sea cual sea la circunstancia. Pero este no es un principio igualitario ni basado en derechos.

Son las mujeres pobres las que no pueden interrumpir el embarazo. Lo mismo pasa con los hijos del pueblo, a quienes el Estado descuida sistemáticamente: 330 mil menores trabajan en este país; casi 400 bebés han muerto en los hospitales dominicanos en lo que va de año, siempre de acuerdo a su pobreza de cuna.

Por esto decimos que el Código Penal, sin las observaciones presidenciales, insistiría en su carácter feminicida y clasista.

Quienes se oponen a un Código Penal que proteja los derechos y la dignidad de las mujeres no deben verse a sí mismos como “los defensores de la vida”.

Nadie en este país es enemigo de la vida. Tampoco la sociedad se divide en gente a favor y gente en contra del aborto.

Nadie quiere el aborto como una meta existencial ni una opción deseable.
En esta oportunidad, se trata de decidir algo crucial: si las mujeres dominicanas son comprendidas como algo más que una máquina de parirle hijos a los hombres, y pueden proteger su vida y su salud en casos específicos: la violación, la inviabilidad del feto y el peligro de vida para la madre.

Es decir, el derecho de las mujeres a autopreservarse cuando les toque elegir entre ellas y su embarazo. ¿Ni este principio de todo ser viviente se les puede conceder?

En julio de 2016 el Código Penal salió de la Comisión Permanente de Justicia de los Diputados, y su suerte fue nefasta: 132 representantes votaron por un Código feminicida y clasista, mientras apenas 6 votaron en contra.

En el Senado, la cuestión fue igual de grave: 28 votos a favor, incluyendo dos mujeres, y tan solo 1 en contra.

A la hora de votar contra las mujeres, todos los partidos han votado al unísono, temiendo a quienes mandan en las sombras en lugar de cumplir con su rol legislativo.
Hay que lograr que esta vez la historia sea diferente.