Ya se ha convertido en costumbre la aprobación de leyes cuyos efectos negativos solo se detectan después del “palo dao”.

Ahora corresponde a la nueva Ley de Notarios aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, al parecer sin que se tomaran en cuenta las opiniones de entes tan relevantes en la materia como son la Suprema Corte de Justicia y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Esa absurda legislación encarece enormemente los actos civiles de los ciudadanos (personas físicas) y de las entidades (personas morales) estableciendo tarifas estrambóticas.

Por ejemplo, contratos de venta por los que antes el involucrado pagaba 2,000 pesos, hoy estarán costando un mínimo de 20 mil pesos.

Con el agravante de que la nueva ley establece que si se pagaran tarifas menores entonces el acto quedaría anulado. Ese simple detalle deja claro que esa legislación en realidad no busca regular el accionar de los notarios públicos, sino que su intención es asaltar los bolsillos de las personas físicas y morales.

De mantenerse vigente esa disposición, las notarías serían “patentes de corso” y los notarios se cargarían de dinero por el simple hecho de gozar de una “fe pública” que le concede el propio Estado.

La citada ley ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo, por lo que toca al Congreso Nacional enmendar su propio error derogándola y aprobando una que sea racional y sin fines de lucro.