República Dominicana empieza a dotarse de una infraestructura que le permita promoverse como un país destino para quienes necesitan atenciones médicas especializadas de primera calidad y a costos más bajos que en la mayoría de los países del primer mundo.

Tenemos centros médicos especializados, en el sector público y el privado, que superan con creces a sus pares en la región del Caribe en cuanto a calidad, con unos precios que los hacen atractivos para ciudadanos de países económicamente más desarrollados que este.

Bien podría el país promoverse como destino para quienes buscan tratamiento médico de primera calidad a buenos precios y con servicios de hospedaje al nivel de un destino turístico.

Hasta ahí todo va bien.

Donde empezamos a dañarlo es cuando algunos “nuevos inversionistas” quieren privar en más sabios de la cuenta y se escudan en el concepto de “turismo de salud” con la intención de convertir este potencial en una actividad económica con las mismas exenciones del sector turístico.

El Estado puede y debe promover la oferta del país como destino de salud, pero sin exenciones, pagando los impuestos como han estado haciendo hasta ahora.

Nuestro sistema impositivo no aguanta más distorsiones ni más privilegios.