La sociedad dominicana está en rebelión, al menos la clase media, reclamando mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y justicia para quienes han robado, sobornado o sobrevaluado las obras del Estado. Motivada por la movilización amarilla del 4% para la Educación, se ha consolidado la Marcha Verde que reclama la investigación y sometimiento a juicio de quienes participaron en la corrupción en torno al caso Odebrecht.

Si están todos los que son o no, si el sometimiento de los actuales encartados es un farsa o no, si el movimiento se dirige a ser un partido político o no, es indudable que la movilización contra el flagelo de la corrupción es un hecho valioso en la vida política del país.

Sería una expresión de imbecilidad social que una parte importante de la sociedad no protestara frente a tantos casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios estatales.

Defender a los imputados previo a un juicio de fondo es un síntoma de estulticia, cuando no de perversión, de parte de los partidos en el gobierno o la oposición. Demandar pura y simplemente la cárcel para quienes se consideran responsables es una muestra de atraso político en el Movimiento Verde. Se vocea mucho de ambos lados y se argumenta poco.

Mientras la codicia sea el motor de la sociedad dominicana la corrupción pública y privada seguirá con ímpetu.

Ni todos los tribunales, ni todas las marchas, podrán contener el estimulo al enriquecimiento de la pequeña burguesía dominicana. La fiebre no está en la sábana.