SANTO DOMINGO.— La mayoría de los dominicanos de ascendencia haitiana a quienes una ley revalidó la nacionalidad en 2014 está en peligro de deportación a Haití porque las autoridades no les han entregado sus documentos de identidad, advirtieron el lunes activistas de derechos humanos.

“Hay una amenaza de expatriar a esas personas”, dijo en conferencia de prensa el abogado Francisco Álvarez, al recordar que a mediados de junio se cumple el plazo para que todos los extranjeros y sus descendientes hayan regularizado su estatus migratorio.

Álvarez es miembro del denominado Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas.

El Comité, compuesto por activistas de derechos humanos, intelectuales, periodistas y dirigentes políticos, explicó que de una muestra analizada por esa organización, más de la mitad de los afectados por la desnacionalización no había logrado revalidar la nacionalidad dominicana.

El Congreso aprobó en mayo de 2014 una ley para validar la nacionalidad dominicana a los miles de descendientes de inmigrantes sin permiso de residencia, en su gran mayoría de origen haitiano.

El Tribunal Constitucional había ordenado en 2013 abrir juicios individuales para anular la nacionalidad de todos los nacidos entre 1929 y 2007 de padres extranjeros sin permiso de residencia.

Organismos de derechos humanos estiman con base en una encuesta de Naciones Unidas que más de 200.000 descendientes de haitianos quedarían apátridas.

Roberto Rosario, presidente de la junta electoral, insistió que sólo 24.000 personas serían afectadas, entre ellas 13.000 descendientes de inmigrantes del vecino Haití, aunque estaba pendiente una revisión completa del registro civil desde 1929.

La junta electoral, que administra el registro civil, difundió en septiembre una lista preliminar de 13.000 personas afectadas por la desnacionalización que podrían revalidar la nacionalidad. Cuando ya ha pasado más de medio año desde la publicación de la lista, la mayoría de los afectados aún no tiene sus documentos que los acrediten como dominicanos debido a la burocracia de las autoridades, explicó el escritor Avelino Stanley, miembro del Comité.

La junta electoral anunció el lunes que esta semana dará a conocer los resultados finales de la auditoría que realizó al registro civil desde 1929 para determinar con precisión quiénes podrán revalidar la nacionalidad.

De forma paralela, el gobierno comenzó en 2014 un programa para que los miles de inmigrantes sin permiso de residencia legalizaran su estatus.

El plan vence a mediados de junio. Las autoridades tenían previsto regularizar a unas 500.000 personas, en su mayoría haitianas, pero de las más de 218.000 que se han inscrito sólo unas 50.000 han reunido todos los requisitos y apenas 300 han recibido su permiso migratorio.

El ministro de Interior, Ramón Fadul, insistió la semana pasada en que quien no haya regularizado su estatus migratorio a más tardar en junio será deportado a partir de agosto.

Cientos de haitianos que trabajaron por décadas en los cañaverales dominicanos y que están pensionados se manifestaron el lunes frente al Ministerio de Interior para pedir la ampliación del plan de regularización o que las autoridades reduzcan los requisitos.

Jesús Núñez, vocero de los trabajadores, explicó que más de 10.000 de sus colegas no han podido inscribirse en el plan porque el gobierno haitiano no les ha entregado los documentos de identidad que les exigen las autoridades dominicanas.