En el país se vive, de un tiempo a esta parte, en un dramático y abusivo vaivén de precios. En algunos sectores se le llama “tarifa” al costo de los servicios que prestan. El caso de los transportistas es el más recurrente en utilizar el término.

Hay aumentos de tarifas que llaman a huelgas y paros; y otros no. Si el alza de la tarifa lo hace el Gobierno en las estaciones de peaje y el costo de los marbetes de los vehículos, no hay huelga.

Los ciudadanos pagan de manera cívica los costos del incremento. Igual sucede con la tarifa de los combustibles; que también se acepta y paga, sin alterar el orden público.

Ni hablar de la tarifa eléctrica, que sí aumenta de manera silenciosa, pero tampoco disminuyen los apagones.

En cambio, hay alteración del orden público cuando se producen reclamos por parte de algún gremio o federación nacional de transporte.

Y de manera específica cuando el Gobierno elimina impuestos a los combustibles de manera selectiva; y premia a otros sectores con un aumento del subsidio.

No importa dónde se produzca el incremento de las tarifas. Ya sea las que se convierten en impuestos o pasajes en el transporte urbano e interurbano, terminan afectando a la mayoría que usa el servicio o paga impuestos.

Hay organismos e instituciones autónomas que llevan reclamos y denuncias, pero solo en el plano de los discursos.

Necesitamos una férrea voluntad –ya sea política o fruto de una mesa de diálogo– que incida en mejores prácticas de servicio, transparencia y equidad, con apego a una verdadera defensa de los derechos de los consumidores.