La Ley 127, del 27 de enero de 1964, define a las cooperativas como sociedades de personas naturales y jurídicas sin fines de lucro que reúnan las condiciones definidas en la misma ley, y el Reglamento para aplicación de dicha ley define las cooperativas de ahorro y crédito como aquellas organizaciones con el objeto de fomentar el ahorro, otorgar préstamos a sus asociados y capacitarlos en el orden económico y social. El Banco Central ha iniciado recientemente gestiones que permitan incluir a esta categoría de cooperativas en la regulación y supervisión de las autoridades monetarias.

Entre dichas gestiones, se ha planteado inclusive la posibilidad de crearles una superintendencia especializada. A esos fines se han celebrado reuniones con las principales entidades de este renglón, informándose haberse consensuado algunos aspectos de su regulación.

Para sorpresa de todos, inmediatamente de producirse las declaraciones de la entidad rectora de la política monetaria y cambiaria del país, el administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), a sabiendas de que ha carecido y carece de las capacidades técnicas y profesionales para supervisar las entidades de crédito y ahorro, acusa al Gobernador del Banco Central de desconocer la naturaleza de las cooperativas, declaración por demás tremendistas.

El presidente del denominado Consejo Nacional de Cooperativas fue aun más lejos, al considerar que detrás de la intención de regular a las cooperativas de crédito y ahorro hay un plan para extinguir el sistema cooperativista. Este supera aun más al del Idecoop en su osadía, desconociendo el ámbito muy específico objeto de la posible supervisión.

No dejemos que declaraciones atrevidas que ocupan espacios en la prensa, o el interés burocrático impida que los miles de millones de ahorros depositados en estas entidades de ahorro y préstamos continúen desprovistas de la supervisión adecuada. Ya aprendimos con la crisis bancaria de principios de siglo y no hay por qué arriesgar su repetición.