Santo Domingo.-Organizaciones de la sociedad civil sugirieron al Congreso Nacional hacer modificaciones a los proyectos de ley de partidos y régimen electoral, con los que se pretende regular la actividad política en el país.

La Comisión Bicameral que estudia ambas piezas legislativas escuchó los planteamientos de los representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia y el movimiento cívico Participación Ciudadana, que consideran los proyectos como fundamentales para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, del sistema de partidos y para reducir el costo de la política, la corrupción y la impunidad que les acompaña en cada proceso.

Participación Ciudadana está proponiendo la creación de una procuraduría especial para perseguir los delitos electorales, y al mismo tiempo plantea la necesidad de un pacto político social para superar los problemas institucionales, la corrupción y la impunidad que afectan a la nación.

Mientras que la Finjus sugiere que para proponer candidaturas con altos parámetros de transparencia quienes se presenten como candidatos a cargos de elección popular deban presentar una certificación de pago de impuestos y una declaración jurada de bienes, al igual que establecer la prohibición de ser alto directivo de una organización política y a su vez ocupar un alto puesto en la administración pública.

Servio Tulio Castaños Guzmán considera que el actual momento es importante en la historia del sistema político, marcándose un antes y un después, si se generan los consensos necesarios para aprobar el proyecto de ley de partidos.

Entiende que se trata de una oportunidad para reforzar la construcción del Estado social y democrático de derecho, la institucionalidad y la seguridad jurídica. Ambos proyectos fueron sometidos al Congreso por la Junta Central Electoral.

Apoyo de los poderes del Estado

Participación Ciudadana pidió que todos los partidos apoyen la apertura de un espacio creado, coordinado y conducido por la Junta Central Electoral, con el apoyo de todos los poderes del Estado y con participación de la ciudadanía, para la búsqueda de consenso sobre los planteamientos fundamentales que debe contener la ley de partidos y agrupaciones políticas y la ley del régimen electoral.

Considera que un pacto político es imprescindible, porque se sabe que en la República Dominicana no basta la aprobación de leyes, y se requiere voluntad de los diferentes sectores.