Para el año 1997 y siguientes, la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado,  inicio un componente de socialización y sensibilización titulada con el propósito de promover  a través de “Iniciativa para la Solidaridad y la Convivencia”  el proyecto sobre manejo y negociación de conflictos en los barrios del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con el objeto crear una “cultura de tolerancia y el dialogo”.

En ese año gobernaba el hoy exgobernante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández Reyna, durante cuyo gobierno se registraron cientos de protestas sociales en todas las regiones y provincias del país, en donde la sociedad reclamaba mejor calidad de vida, mejores oportunidades para los jóvenes y acciones concretas contra la corrupción gubernamental-.

Lo/as funcionario/as de ese gobierno no conocían las técnicas de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos (MARCs), con los cuales abordar todas las manifestaciones sociales de los diversos grupos de la sociedad civil que demandaba de manera constante y con agresividad obras de medianas, cortas y largas inversiones.

Estos desconocían mecanismos pacíficos de solución de conflictos y por tales razones abordaban esas demandas sociales con las técnicas y herramientas inadecuadas, lo que provoco en varias ocasiones huelgas nacionales, regionales, provinciales, municipales y por comunidades empobrecidas y enaltecidas por la forma en que los actores del gobierno respondían a las acciones ejecutadas por los grupos organizados.

Tras esos hechos y movimientos, la Presidencia de la República crea a través de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, en la que entrenaba en primera fila a los funcionarios de alto nivel y de segunda categoría en estos medios pacificadores. Llegaron al país técnicos extranjeros, expertos en la materia en MARCs. Además, fueron involucrados dirigentes sindicales, profesionales, sociales, eclesiales y de la sociedad civil.

Origen de la Mediación Comunitaria

La Mediación Comunitaria, en el país, surge desde una iniciativa coordinada entre la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía del Distrito Nacional, Policía Nacional, la Comisión Presidencia para el Desarrollo Barrial y la entonces Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. La misma recibió el apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo USAID  a través de la consultora institucional NCSC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PUND).  El cual tenía como resultado principal la puesta en funcionamiento de dos Centros de Mediación Comunitaria en dos comunidades del Municipio de Los Alcarrizos: Canta La Rana y en Los Rieles; los cuales estarían equipados por software, computara, teléfonos, y un espacio que tenga capacidad para 6 personas y la realización de hasta tres mediaciones al mismo tiempo; además sala de espera con sus respectivos asientos y baños organizados u otros requerimientos.

Como se puede notar, la organización de un centro de mediación desde sus inicios tenía unos requerimientos mínimos para su instalación y mantenimiento y una adecuada capacitación para el personal técnico y en lo administrativo.

Compromisos de las instituciones

Cada una de las organizaciones mencionadas asumiría compromisos concretos en la implementación de la Mediación Comunitaria en República Dominicana. Nos encontramos que la Fiscalía del Distrito Nacional asumiría la dirección y administración de los Centros de Mediación a través de Abogados Ayudantes Fiscales como se le llamaba a los hoy Fiscales Adjuntos y creo para esos fines el Departamento de Resolución Alternativa de Disputas (D.RAD).

Era además la responsable del monitoreo y evaluación con los fines de poder decidir sobre la expansión, la integración de un Comité de Coordinación para darle continuidad a los objetivos del proyecto planteado y la participación de las organizaciones comunitarias de base (ocb), es decir, la sociedad civil.

La Policía Nacional era la responsable de facilitar inicialmente los espacios físicos en los destacamentos, los cuales seria las sedes de los centros de mediación comunitaria y que “dispondrá el personal necesario para cumplir con las funciones de brindar seguridad al centro, posibilitar la citación o conducencia inmediata y desarrollar programas de policía comunitaria como orientación y educación sobre normas de convivencia ciudadana”.  1 Proyecto Piloto de Mediación Comunitaria en Los Alcarrizos, 1999. Fiscalía Distrito Nacional.

La  entonces Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado era la que difundiría desde los talleres de Iniciativas para la Solidaridad y Convivencia buscando de promover el buen vivir del ciudadano.

Mientras que la  Comisión Presidencia para el Desarrollo Barrial seria el “enlace permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y las organizaciones comunitarias para la extensión a otros destacamentos”.

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) ofrecería la asistencia técnica y financiera en las acciones de este proyecto para fortalecer los derechos humanos, la paz y el desarrollo humano.

La USAID desde la consultora institucional NCSC, la cual ejecutaba proyectos de modernizaciones de los tribunales de la república en el área de justicia, tenía la responsabilidad de dar asistencia técnica y financiera a la Fiscalía para que esta pudiera cumplir con el proyecto de mediación comunitaria.

La unión de esas instituciones conllevaría a beneficiar a la comunidad en donde sería ejecutado el proyecto, las organizaciones comunitarias, la administración de justicia desde la Fiscalía y la Policía Nacional, ya que esta ultima tendría la oportunidad de acercarse a la comunidad.

Objetivos y resultados perseguidos por las instituciones coordinadoras del Proyecto Piloto de Mediación Comunitaria en Los Alcarrizos

a)”Prestar servicios de mediación en las comunidades a fin de ayudarlos a que resuelvan sus propios conflictos, asistidos por los mediadores, contribuyendo a descongestionar la Justicia Formal”. 3-ibidem