Yo tampoco estoy de acuerdo con algunas de las cosas que el presidente Nicolás Maduro dice y hace. Otras no las entiendo y no puedo defenderlas. Reconozco que en Venezuela la burguesía reaccionaria ha dividido la sociedad y una importante porción del pueblo está opuesta al gobierno.

Pero resulta que Maduro es el presidente constitucional de Venezuela, país soberano, con el curso de la sucesión gubernamental previsto y establecido por la constitución más avanzada de toda suramérica. Ningún poder extranjero tiene que dictarle nada.

Aún así, contra ese gobierno legítimo se ha lanzado una oposición agresiva, respaldada por el poder imperialista, por varios gobiernos conservadores y por ese anacrónico engendro de la guerra fría nombrado la OEA.

Como el Gobierno y la verdad misma han estado apabullados por los voceros de la confusión, es casi una herejía rebatir una propaganda que sabe poner las cosas patas arriba, pinta a los cabecillas de la oposición como ángeles y el Gobierno como una sanguinaria tiranía.

Vaya tiranía, que tolera diariamente movilizaciones sumamente perturbadoras, por las horas hombres que le quitan al trabajo productivo, los percances que causan a la vida cotidiana y la violencia de que vienen acompañadas.

En ellas hay mucha gente del pueblo, pero también bandas de maleantes contratadas por los sectores más violentos de la oposición, para lanzarlas al saqueo, el incendio, la asolación de la propiedad pública y la provocación a los cuerpos del orden.

En días pasados esos mercenarios incendiaron cobardemente la casa donde nació el
presidente Chávez.

Los medios que llevan la cuenta macabra de los muertos, callan el hecho de que una parte de esos muertos son chavistas; que entre las víctimas hay cinco policías bolivarianos, porque de paso ha de saberse, que la policía de esa curiosa tiranía, no usa armas de fuego desde los tiempos del Comandante Chávez y así, desarmada, debe hacer frente al ataque de los lumpenes de la oposición.

Esa oposición visceral, dividida, acéfala, tan impaciente que no puede esperar las presidenciales del año entrante, ha colocado a Venezuela al borde de la guerra civil, mantiene paralizada la actividad productiva y entonces culpa al gobierno por el grave desabastecimiento que azota a Venezuela.

Como en esos términos la solución negociada es muy difícil, hay que esperar que la autoridad legítima haga que la ley le caiga encima a quienes choquen con ella.