El país cuenta con importantes centros, instituciones, organizaciones no gubernamentales y consultores independientes que trabajan estadísticas laborales.

Y periódicamente publican estudios que apuntan al corazón de nuestra economía y ofrecen datos de cómo anda el fenómeno de la inserción de los jóvenes que egresan de una universidad con un título profesional.

Todos esos estudios establecen que entre un 54 y 57 por ciento de la población juvenil está desempleada. Esa estela de desempleo abarca a una masa de jóvenes que acaban de concluir una carrera universitaria.

La tendencia no se queda en este sector, ya que se expande a otra camada de profesionales graduados entre tres y cinco años. Eso hace que un porcentaje de ellos, desesperados silenciosamente, se decidan por buscarse un lugar en el mercado laboral informal.

En esa condición ningún joven “empleado” en el mercado informal podrá sobrepasar la línea de la pobreza.

Y menos aun dejará de vivir ajeno a una naturaleza caótica de vulnerabilidad, ya que no cuenta con las garantías mínimas necesarias para hacer familia o disponer de un seguro de salud. Además, en detrimento de una “economía en crecimiento”, queda excluido del pago de impuestos por las diversas vías con que cuenta el Gobierno.

De no tomarse las medidas necesarias desde el Estado y parte del empresariado, todo seguirá como hasta hoy, donde el presente es un círculo vicioso de desesperación y silencio, en que los jóvenes salen de las universidades sin ninguna garantía laboral.