SANTO DOMINGO.-La falta de un regulador natural o superintendencia que vigile la procedencia económica de los sectores no financieros del país, como “dealers”, casinos, inmobiliarias y otros, deja una puerta abierta para la realización de operaciones de procedencia ilícita que afecte el desarrollo social y ponga en riesgo el crecimiento económico dominicano.

Sin embargo, la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo clasifica esos sectores como sujetos obligados, lo que significa que tienen la responsabilidad de reportar las transacciones suyas o de sus clientes que superen los mil dólares y sean realizadas en un período de 24 horas.

De hecho, pueden ser sancionados con multas y cárcel si incumplen con esos procedimientos.

Esto indica que el sistema de prevención de lavado de activos no es exclusivo de la banca o del sector financiero, según explicó Juan Carlos Medina Carruitero, vicepresidente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD. Advirtió que los sectores que no tienen esas experiencias deben empezar a alinearse, por lo que el Gobierno y el sector privado tendrían que capacitarles para que conozcan ese sistema.

“El país es un referente para América Latina, por su ubicación geográfica, por lo que es vital que mejore sus esfuerzos en la implementación, control y sanción contra el delito de lavado de activos”, dijo Medina.

La Ley 155-17 y sus reglamentos entraron en vigencia el año pasado y otorga un plazo de un año a las personas físicas o jurídicas para reportar operaciones sospechosas o que carezcan de un fundamento económico legal o evidente.

Esta establece sanciones de multas de 200 a 400 salarios mínimos y prisión entre 10 y 20 años para los que incurran en ese delito.

El congreso

Este tema y la necesidad de crear una superintendencia para los sujetos no obligados será abordado en el IX Congreso Antilavado Bancamérica, a celebrarse los días 16 y 17 de mayo, en el Hotel Real Intercontinental de Santo Domingo.

Medina Carruitero explicó que el lema del congreso será “Evaluación del Gafilat: impacto, regulaciones y recomendaciones”.

Dijo que el Congreso es una iniciativa privada que hace suya la labor de comunicación y capacitación a nivel de la sociedad y busca compartir experiencias de aquellos sectores que ya pasaron por la implementación de ese modelo de vigilancia financiera.

“En Bancamérica hemos asumido la responsabilidad de generar conciencia en la prevención del lavado de activos como un problema que no solo afecta al sector financiero sino a todos los actores sociales del país”, dijo.

El objetivo es contribuir a generar debates y aplicar mejores prácticas para que el sistema financiero del país, en términos generales, continúe por el camino de la gobernabilidad y la estabilidad.

Términos

—1— Lavado de activo

Es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales persiguen dar apariencia legítima a los bienes o activos ilícitos.

—2— Sujetos obligados

Se dividen en dos grupos, financieros y no financieros. Entre los no financieros están los casinos, juegos de azar, bancas de lotería, otros.