Sectores antagónicos se unen en ataques contra el Gobierno

Santo Domingo.-El Gobierno del presidente Danilo Medina se encuentra bajo un intenso ataque, fruto de lo que puede denominarse una “tormenta política perfecta” en la que han convergido contra el oficialismo los otrora aliados tradicionales, grupos de presión social que fueron sus socios coyunturales, organizaciones de la sociedad civil con gran presencia mediática, partidos opositores tradicionales y sectores del Partido de la Liberación Dominicana disgustado.

Mientras eso ocurre, lo que podría denominarse primera línea de defensa luce desmovilizada, pues en el Palacio Nacional es notable la ausencia de figuras políticas dispuestas a hacerles frente a esos sectores, posición que prácticamente sólo ha asumido el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, una figura que no tiene tradición de controversia o ser confrontador.

El Comité Político del PLD está ausente de las oficinas palaciegas, excepto la del presidente Danilo Medina y su asistente Carlos Pared Pérez y la de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández.

La voz cantante en el asedio contra el Gobierno la asumieron inicialmente grupos con los que un ala del Palacio Nacional, encabezada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, coqueteaba y articuló una serie de acciones que a la postre terminaron distanciando a la administración de Medina de antiguos tradicionales aliados.

Esos grupos tienen una gran fortaleza mediática y una intensa participación política, pero a partir de agendas más que para promover partidos políticos.

Los coqueteos entre esos grupos y un sector del Gobierno empezaron a ser evidentes cuando se iniciaron los ataques contra el expresidente Leonel Fernández, cuya descalificación empezó a abrir el paso a una reelección de Danilo Medina y la consecuente reforma constitucional para permitirlo.

Ahí se registró la primera pérdida de apoyo del Gobierno, pues sectores internos del Partido de la Libración Dominicana entendían que los grupos que atacaban a Leonel Fernández contaban con el apoyo de un ala gubernamental.

La sentencia 168-13

Pero el primer desprendimiento formal de aliados vino como consecuencia de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, que esclarece los principios para adquirir la nacionalidad dominicana.

La actitud inicial de un ala gubernamental fue de apoyo a los que atacaban la sentencia, lo que generó disgusto entre grupos de aliados con el Gobierno, que aunque tenía más visible a la Fuerza Nacional Progresista, incluía al Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano.

El presidente Danilo Medina posteriormente asumió la defensa de la controversial sentencia, poniéndose del lado de lo que indicaban las encuestas, que contaba con un fuerte respaldo de una amplia mayoría de la población, en momentos en que el país era sometido a ataques feroces desde el extranjero y con apoyo de esos grupos locales.

El Código Penal

El siguiente enfrentamiento vino con el Código Penal. El Congreso controlado por el Partido de la Liberación Dominicana aprobó la pieza manteniendo la penalización del aborto en todas sus partes.

Otra vez el Gobierno se alió a los mismos grupos del pasado, pero esta vez para promover unas observaciones que permitían la despenalización del aborto en tres causales: cuando la vida de la madre corra peligro, en casos de violación o incesto y cuando la criatura tenga deformaciones incompatibles con la vida.

Hasta ese momento las relaciones del presidente Danilo Medina con los grupos religiosos, católicos y protestantes, habían sido notablemente cordiales, pero a partir de esa decisión se inició una lucha que terminó minando la armonía que había existido hasta ese momento.

La situación se tornó más tirante porque desde el Palacio Nacional se articuló una embestida mediática contra las iglesias, en la que se utilizó a figuras abortistas y hostiles a los grupos religiosos.

Las relaciones quedaron melladas.

Sin embargo, luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional que las observaciones del Presidente fueran dadas como aprobadas con la simple aceptación del Senado de la República y que no fuera conocida por la Cámara de Diputados, se inició un nuevo proceso de distensión entre el Presidente y esos grupos religiosos.

El Congreso volvió a aprobar el Código Penal como estaba originalmente, pero el Presidente lo observó otra vez, radicalizando a los grupos provida.

La tormenta perfecta

Los funcionarios palaciegos no lo vieron venir, pero la articulación de esta andanada de ataques se hizo desde el mismo momento en que las urnas empezaron a comunicar la amplia victoria de Danilo Medina frente a su más cercano contrincante, Luis Rodolfo Abinader.

Los cañones se enfilaron en la conformación de la Junta Central Electoral, trazándose como meta fundamental impedir que continuara al frente de la misma Roberto Rosario Márquez, quien tuvo enfrentamientos frontales con esos grupos por su decisión de ejecutar los mandatos de la sentencia 168-13 y la posterior ley 169-14, que crea un régimen especial para conceder la nacionalidad a los que se registraron de manera irregular en el registro civil.

Sacado Rosario de la presidencia de la Junta, los resabios fueron casi simbólicos, cuando finalmente el Senado de la República terminó conformando una Junta sin tomar en consideración las exigencias que le hacían los grupos de presión, y lo mismo ocurrió con la conformación de la Cámara de Cuenta.

Ese último proceso permitió lo que no ocurrió durante la campaña electoral: unificar a los partidos que adversaron al Gobierno.

El Gobierno ha sido sorprendido por lo que finalmente ha ocurrido: que los grupos por los cuales él se peleó con sectores que tradicionalmente le respaldaban, terminaron en la acera del frente para conformar una línea de ataque, en la que coinciden los partidos de la oposición, sectores s de presión social, grupos nacionalistas y de izquierda, organizaciones de la sociedad civil, las Iglesia católica y las iglesias evangélicas y los sectores denominados liberales.

Eso, sumado a las evidentes contradicciones internas en el partido de gobierno, ha puesto al oficialismo bajo asedio y con poca defensa.

Odebrecht, bandera común

El caso de Odebrecht y su admisión de pagos de sobornos a funcionarios públicos desde 2001 hasta 2014 les ha dado una bandera común a todos estos sectores para enfilar sus ataques contra el gobierno desde diferente flancos, en un momento en que hasta una parte del partido oficialista se encuentra desmovilizado.

La denominada marcha contra la impunidad ha puesto de manifiesto el «todo contra uno» que se ha conformado, poniendo en el ojo del huracán la gestión del presidente Danilo Medina La manifestación unió contra el oficialismo a sus tradicionales aliados, ahora disgustados, y los que fueron sus aliados de coyuntura, sumados a la oposición formal, y los disidentes dentro del Partido de la Liberación Dominicana