La Justicia dominicana tiene un gran reto por los serios cuestionamientos a sus actuaciones. La población tiene derecho a monitorear, fiscalizar y exigir su eficiencia y corrección.

El Ministerio Público representa a la sociedad, actúa por delegación, como los jueces que, no siendo elegidos por voto directo de los ciudadanos, son un poder del Estado para dirimir en derecho los litigios, sin intervención de ninguna autoridad superior o paritaria en sus decisiones.

Los reclamos ciudadanos deben ser asumidos por quienes dirigen la cosa pública, como lo ha afirmado el propio presidente de la República.

Los dominicanos tenemos derecho a participar activa y responsablemente en el proceso democrático y esto debe expandirse con apoyo gubernamental.

Es deber ciudadano el sostenimiento del sistema democrático, fortalecer la competitividad económica y enfrentar los desafíos sociales. Si bien hay avances institucionales, normativos y de buenas prácticas, la corrupción y la impunidad en la República Dominicana siguen siendo conductas arraigadas en el aparato estatal.

La ciudadanía tiene, pues, el derecho de reclamar investigación, judicialización y sanción de los actos y hechos corruptos. Más cuando la paciencia del pueblo se agota.

Protegida y defendida por el Gobierno, la sociedad debe seguir con sus demandas de respeto a la ley, penas severas para los corruptos y un sistema de justicia transparente, eficiente, objetivo, imparcial, independiente y no discriminatorio.

La garantía de los derechos no es negociable, pero la Justicia debe ser eficaz. Esto se eleva cuando se trata de sobornos, prevaricación, lavado, incremento patrimonial, asociación ilícita y estafa –evidente- de los recursos públicos y las pruebas de cómo se ha comportado el sistema para favorecer a corruptos connotados.

¿Pueden justificar muchos funcionarios y ex funcionarios sus grandes fortunas? El Ministerio Público tiene el deber de investigar y son aquellos quienes tienen que probar el origen lícito de sus riquezas.

Si no lo prueban el Procurador General debe confiscar sus bienes mal habidos y perseguirlos por falseamiento en sus declaraciones juradas y enriquecimiento ilícito, entre otras infracciones graves.

Ciertamente, debemos esperar que el sistema de respuestas, como ha dicho el director de prensa del gobierno. Pero las experiencias pasadas hacen que el llamado de paciencia sea más bien de atención permanente para reclamar justicia.