Hay sectores oficiales y privados que, ante la ola de delincuencia, recurren a llevar sus propias estadísticas. Son informaciones que, al mismo tiempo, les permiten cotejar las pérdidas millonarias que sufren durante los periodos medidos.
El sector agrícola tiene sus números sobre el robo constante de las bombas de agua que usan para el riego de sus tierras. En tanto, la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche) plantea, según sus números, que el robo de ganado se redujo entre un 60 y 70 por ciento.
¿Qué quiere decir eso? Que el sector todavía es víctima activa de un porcentaje muy alto de la delincuencia. Agrega, además, que en ese rango hay que tomar en cuenta que quienes incurren en este delito son reincidentes en el robo de ganado y delinquen en las mismas comunidades.
Ante este cuadro de impotencia -porque muchos “cuatreros” o ladrones de ganado, cuando son apresados salen con mucha facilidad de prisión- plantean la necesidad de una legislación especial, con el propósito de que haya condenas más drásticas para los delincuentes del sector.
De todas formas se trata de un mal de fondo de la Justicia, no de un problema exclusivo que afecta solo a los ganaderos. Hace poco escuchamos la queja del Procurador General de la República, quien plantea terminar la complicidad dentro de sistema de justicia.
Ya para nadie es un secreto que el sistema judicial grita por profundas reformas. Cada día hay muestras dramáticas de eso. ¿Qué esperamos para pasar de la prédica a los hechos?
