La Constitución de la República proclamada el 26 de enero del año 2010 es el marco jurídico político actualizado y moderno que institucionaliza los nuevos caminos que debe recorrer la democracia para enrumbar nuestra nación por la ruta del desarrollo.

Fue el producto de muchos debates y consultas en los cuales la intervención de actores internos y externos fue notoria. Ha sido tal vez el estatuto jurídico político nacional más dilucidado y participativo en toda la historia republicana.

El parto fue real, pataditas, nalgaditas, qué fue y qué no fue, qué es y qué no es… Pero importante es nuestra Constitución, la armadura perfecta entre lo ideal y lo posible,  lo funcionalmente viable.

Siempre que se tomen decisiones importantes, estas estarán contaminadas, para bien o para mal, por el interés de sus gestores y por los grupos económicos, sociales y políticos que les sirven de soporte. Lo que mueve al ser humano, no es la buena ni la mala fe; son los intereses. Los mismos que paren el conflicto, los que sempiternamente constituyen  el combustible de los procesos evolutivos de la vida en sociedad.

Un documento social y políticamente debatido, aprobado por la asamblea revisora proclamado como se exige, cerrado el ciclo,  es la regla “dura es la ley pero es la ley”, decían los romanos.

A los dominicanos no nos luce estar permanentemente buscando el ojo cíclope a la hicotea o metiéndole garrocha a la oveja a ver si ladra, porque sabemos que eso no ocurrirá.

La Constitución es lo establecido y como afirma Santi Romano, “cada ordenamiento jurídico es una institución,  inversamente toda institución es un ordenamiento jurídico¹” (Biscaretti D.1973 pag.32) El compromiso es crear las instituciones adjetivas necesarias para una convivencia social próspera. Hay tres avenidas originales para crear, adoptar y regular instituciones; leyes de orden público, policía y seguridad….leyes orgánicas que regulan  los derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos… cuya aprobación o modificación requieren el voto favorable de una mayoría calificada, dos tercera parte de los presentes en ambas cámaras y leyes ordinarias de procedimientos más simples (ver art. 111, 112 y 113 de la Constitución vigente).

 Si a esto le antecedemos que los acuerdos y contratos internacionales que se  celebran entre estados, con el debido proceso, tienen categoría de legislación sustantiva, las malas acciones de los servidores públicos y de los agentes de la ley deben tener consecuencias.  Ejemplos claros serían: funcionarios públicos que promueven contratos contrarios al interés nacional, funcionarios que rompen acuerdos entre el Estado y particulares al margen del procedimiento legal, servidores públicos que no rinden cuenta. Todo en detrimento del erario público.

Fruto de mezquindades, miopía o intereses momentáneos e individualistas, hace poco tiempo, la República Dominicana fue condenada en Londres a pagar una alta indemnización, por promover la rescisión de  un contrato de administración de una carretera, de forma incorrecta, violando un laudo arbitral. Es decir, a partir del mes de agosto del corriente año 2012, este pueblo es 45 millones de dólares más pobre y al sumarse los gastos jurídicos y penalidades, según cálculos de expertos, el monto podría llegar a 72 millones de dólares o quién sabe.  Sería inverosímil que no se establezcan responsabilidades penales a quienes atentan contra el bienestar y el desarrollo del país, por servirse a sí mismo con la cuchara grande.

El Estado somos todos y la Constitución, como marco jurídico, nos obliga. Si no respetamos los mandatos de las leyes, atentamos contra la institucionalidad democrática y la existencia misma de la dominicanidad.

 Nadie puede meter a esta nación en un lodazal y hacerse el chivo loco, con un fingido autismo de inocencia.  Extraña que gente muy lista actué así, sin la debida asesoría y que como resultado de esas acciones, en órganos extranacionales se presente a la República Dominicana como un Estado cuasi forajido, y todos nos quedemos embobados, porque esto es muy grave.

En un mundo globalizado la seguridad jurídica es fundamental, para atraer las inversiones que nos enrumbaran al desarrollo. De lo contrario lloraremos favores y  mendigaremos penas descalificados como país competitivo.

Tenemos las instituciones, los principios son ideales; valores morales con asidero jurídico para optimizar las normas en su aplicabilidad práctica.  Eso sí que hace falta,  optimizadores del bien común.

Tener una Constitución moderna no garantiza nada, sin  un liderazgo  consciente  y responsable de su rol, sería una prédica hueca.   Por más bellos que parezcan los planteamientos de la clase dirigente, si no generan resultados positivos a la colectividad, si no son viables, son inútiles, aunque podrían tener sentido para engalanar un momento, como los plausos o como el sabor añaden muy poco a la calidad del show.  Y  habrá consecuencias…

No podemos seguir haciendo de la democracia un discurso etéreo, más que una forma de decir, en su aplicación buena, es una forma de hacer, de gestionar.

Azuzar que la mayoría es minoritaria, que pone y empodera, pero no dispone nada, o que los cimientos que le sirven de base a la República, son como en béisbol, para pisarle en un toque indiferente, es peligroso para la convivencia en santa paz.

Cerrar la brecha entre indigencia y bienestar para parir riquezas colectivas, nunca será tarea fácil.

Si toda especie engendra a sus semejantes, no hacer lo que se necesita para cortar el mal, es fertilizar de manera irresponsable la cizaña de la miseria, que se manifiesta visiblemente como desempleo, inseguridad ciudadana, apagones, déficit fiscal, exclusión social; pobreza.

Solo la educación produce y multiplica desarrollo. Esto conlleva seguridad jurídica, de un Estado garantista que asume responsabilidades, de funcionarios correctos, austeros y frugales y de un pueblo que exige transparencia, eficacia y fortaleza institucional. Este es un reto prioritario del presente y un desafío al futuro de la República Dominicana.