A propósito de los cambios a producirse en agosto próximo en la composición del Tribunal Superior Electoral y luego en el Tribunal Constitucional, por depender del Consejo Nacional de la Magistratura, vale esta reflexión.

La gestión eficaz de la conflictividad, papel fundamental de los jueces, más que de transformaciones institucionales y normativas, requiere de cambios de los perfiles en muchos actores judiciales. Con ello se satisfacen las necesidades sociales de optimización de los servicios judiciales y aumenta la credibilidad ciudadana en los juzgadores.

En cuanto a la imparcialidad, condición necesaria para la independencia judicial, los perfiles y los procesos de selección deben tener la idea fuerza de que a esas altas funciones deben ir las personas más competentes y que asuman los principios de transparencia, independencia, eficacia y respeto del estado de derecho en cada decisión.

Necesitamos jueces que trabajen conjuntamente con la sociedad. No personas alejadas de la realidad y la conflictividad cotidiana de las cuales tienen que decidir, ni que decidan por reciprocidad de favores o intereses comunes, con lo cual incurrirían en prevaricación. El juez tiene una función política en democracia incuestionable.

ero su labor fundamental no es la de preocuparse por la delincuencia o el alza de los precios. Su función es la de impartir justicia.

Un sistema judicial realmente independiente, eficaz y con un nivel alto de confianza ciudadana, deben ser los puntos de orientación y las aspiraciones del proceso que conduzca a la elección adecuada, necesaria y pertinente de los jueces de dichas altas cortes.

Por mi labor profesional tengo mucha estima y admiración para quienes ocupan cargos públicos, fundamentalmente los que son parte del Poder Judicial y de las altas cortes y lo hacen con profesionalidad e integridad y producen decisiones legítimas, justas y de calidad, aun con las limitaciones conocidas.

El fortalecimiento de la carrera judicial es imperiosa, con la elección de jueces de carrera altamente calificados, probada imparcialidad y sobrados dotes éticos, para integrar las altas cortes, son aspectos que deberán tener en cuenta los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura cuando tomen las decisiones de ratificación y de cambios que se avecinan.