Repensar la justicia en manos del Estado

Repensar la justicia en manos del Estado

Repensar la justicia en manos del Estado

El ajusticiamiento de Trujillo marcó el inicio de un cambio de paradigma social, institucional, político y cultural. A 57 años del tiranicidio se sigue promoviendo el Estado de derecho, su expansión y consolidación, la democracia y la optimización de las instituciones.

Esto para que los poderes públicos generen estabilidad económica, desarrollo, seguridad, igualdad y goce de los derechos colectivos e individuales como forma de mejorar la calidad de vida humana.

El paso del autoritarismo a la libertad de expresión, de reunión y de manifestaciones abrió las puertas al imperio de la ley y las garantías sociales y libertades fundamentales, al amparo de un sistema judicial independiente, dotado de jueces imparciales, capaces de detener el poder desmedido y concentrado, garantes de los derechos ciudadanos y con altos estándares de eficiencia y calidad institucional.

El desarrollo y el progreso nacional no son inevitables en las circunstancias actuales del país. Debe ser una meta estratégica en la que participen todos los sectores de la sociedad y los poderes del Estado, identificando la raíz de los problemas y las mejores soluciones posibles tomando en cuenta los intereses legítimos del pueblo dominicano.
Para Thomas Pain es difícil una reconciliación real y la recuperación de la confianza ciudadana en el sistema judicial cuando las heridas siguen siendo tan profundas y las promesas de mejoramiento en muchos casos poco creíbles.

No es imposible; pero un pueblo que ha luchado tanto y lo seguirá haciendo merece políticas reorientadas al beneficio de los usuarios del Poder Judicial.

Es tiempo de repensar el concepto de justicia y el monopolio de esta en manos del Estado. Y es que el ciudadano –no el juez, ni el fiscal, ni los abogados, que deben tener garantías institucionales de su dignidad-debe ser el centro de la experiencia de entrar, permanecer y salir del sistema público de resolución de conflictos.

Es la única manera de que los beneficios de una justicia oportuna, moderna y de calidad sean mayores que otras vías que nos llevarían a retrocesos e inseguridad y podrían desvirtuar el espíritu constitucional y democrático de las leyes que deben respetar los ciudadanos y hacer cumplir los servidores públicos.



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