Las desgarradoras imágenes de contingentes de compatriotas que llegan a Haití mayormente por la frontera norte tras el cierre sin prórroga del Plan de Regularización de Extranjeros (PNRE) en República Dominicana, hablan por sí solas de los fuertes motivos que los obligan a marcharse.

Según las autoridades dominicanas, hasta la fecha “voluntariamente” han salido del país más de 18,000 extranjeros, la mayoría haitiana, que no pudieron registrarse en el plan.

Ciertamente, desde el punto de vista legal, es una forma de evitar la deportación para poder aplicar desde Haití por una visa de turismo o residencia.

Sin embargo, su apresurada y masiva salida en esta primera etapa de los retornos no se debe a esta preocupación, sino al rechazo de la presencia haitiana promovido en algunos programas radiales y televisivos junto a las presiones de grupos políticos sobre el gobierno dominicano para la repatriación sin contemplación de unos 285,000 inmigrantes y la expulsión de cerca de 90,000 apátridas.

Es una cantidad de posibles expulsados, sin precedente en América Latina y el Caribe, lo cual ha traído nuevamente el recuerdo de la manifestación de febrero pasado en Santiago, de parte de unos jóvenes que “declararon la guerra a la inmigración ilegal” al quemar la bandera haitiana un día antes del ahorcamiento de Henry Claude Jean. Dicho sea de paso, un crimen odioso que va camino a la impunidad total.

Asimismo, durante el proceso de regularización grupos vinculados a un pequeño partido ultraderechista que fue hasta hace poco aliado del gobierno, presionaban a juntas de vecinos y empleadores para no entregar a los candidatos al PNRE los documentos necesarios bajo la falacia de no hacerse cómplices de la unificación de la isla. Mientras, bandas de delincuentes se preparan para apoderarse de los bienes de los repatriados.

El tema de la regularización con posible expatriación proveniente de la sentencia 168-13, además de altos funcionarios de organismos multilaterales, trajo al país al final del año pasado a la obispa presidenta de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, reverendísima Katharine Jefferts Schori.

Igualmente, retuvo la atención del papa Francisco, quien exhortó a los obispos dominicanos, recientemente en el Vaticano, a buscar “soluciones solidarias” para quienes son privados de sus documentos, una forma diplomática de referirse a los desnacionalizados convertidos en apátridas.

En comparación a otros países de destino de la migración haitiana, el punto débil para República Dominicana es el hecho de haber buscado y promovido el uso de esa mano de obra, lo cual fue formalizado a través del acuerdo Trujillo-Magloire de 1952, aunque desde 1880 ella aporta su contribución al crecimiento económico del país.

Lo de arriba son diversos ingredientes que reactivaron en el extranjero la campaña, no en contra de República Dominicana, sino a favor de los inmigrantes en el marco de una preocupación global por la intensificación de la problemática, especialmente en Europa y Norteamérica, donde se mantienen las luchas por una amnistía para millones de indocumentados latinos, mayormente mexicanos en Estados Unidos.

En este contexto, a nivel internacional, tras las posiciones críticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Caricom y Amnistía Internacional, las reacciones de los alcaldes de ciudades de países líderes del turismo dominicano, Bill De Blasio (Nueva York, Estados Unidos) y Denis Corderre (Montreal, Canadá) deben alertar sobre posibles consecuencias para la imagen de República Dominicana, ya cuestionada por la idea de retirarse de la Corte Interamericana (CIDH) en vez de cumplir con sus obligaciones.

Enel plano bilateral, el asunto ha provocado hasta ahora una “incomodidad diplomática” que llevó al Primer Ministro haitiano a usar la misma expresión del Canciller dominicano en una carta a su homólogo tras los incidentes en el Consulado dominicano de Petion Ville, al acusar a la otra parte de tener un “doble lenguaje”.

Asimismo, los dos mandatarios tienen posiciones encontradas sobre la apatridia. Ojalá que no pase de ahí.

También que ninguna de las partes caiga en la tentación del uso político en el actual proceso pre-electoral en ambos países, de una situación muy engorrosa que se complicaría más al inicio de las deportaciones oficiales. Como exhortó el Papa “busquemos soluciones solidarias”.