SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) abogó hoy por una mayor asignación presupuestaria al Poder Judicial y al Ministerio Público para evitar situaciones como la renuncia de jueces que se han registrado en los últimos meses.

“Las recientes informaciones sobre las renuncias de magistrados jueces del Poder Judicial deben causar preocupación a todos los sectores sociales, porque implican que al interior de ese Poder del Estado se están desarrollando procesos que pueden poner en peligro importantes reformas en curso, advirtió Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus.

Resaltó que los magistrados que están abandonando sus carreras en el Poder Judicial lo hacen descontentos con los niveles de compensación que obtienen por la dedicación exclusiva a las tareas de impartir justicia, tener un comportamiento digno y libre de todo sospecha, el manejo pulcro de sus relaciones y ser ejemplo en su vida privada.

“Al perder a estos magistrados, el Poder Judicial se enajena de la experiencia de hombres y mujeres que han acumulado grandes experiencias, incluso a nivel internacional, y que fueron sometidos por más de diez años a intensivos entrenamientos y programas de capacitación de muy alto nivel, que se ha visto reflejado en la calidad de sus sentencias y decisiones”, expresó Castaños Guzmán.

En su opinión, esta situación debe producir “importantes reacciones” al interior de las estructuras del Poder Judicial para remediar en lo inmediato el hecho de que esa institución no recibe los recursos necesarios para atender al mejoramiento de los niveles salariales, planes compensatorios y el apoyo económico y los recursos necesarios que les daría a esos magistrados la tranquilidad para dedicarse de manera continua a su misión de impartir justicia. “Se ha señalado, para poner solo un ejemplo, que los salarios de los jueces estuvieron congelados en los últimos siete años, y que solo a finales del año pasado se produjo un ligero incremento que no llenó las expectativas de los magistrados”, indicó.

A pesar de las nuevas atribuciones asignadas al  Poder Judicial en la Constitución del 2010, el 2012 fue el año con menor partida presupuestaria a este Poder.

En ese año, precisó, su presupuesto destinó fondos que cubrían 45 por ciento menos de lo solicitado al Gobierno Central. Pese a que hubo un incremento en el monto asignado en el 2013, el porcentaje asignado al Poder Judicial y el Ministerio Público se encuentra muy distante de cumplir con el 4.10% del PIB que le corresponde a ambas instituciones.

“En FINJUS entendemos que las instituciones del Sistema de Justicia ejercen un papel de garantía del Estado de Derecho y que deben de contar con los recursos necesarios para lograr su cometido”, indicó.

Advirtió que el país no logrará sus metas de eficientizar la administración de justicia y combatir la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción si continuamos aprobando un presupuesto cuyo monto que no se ajuste a las necesidades que estas tareas reclaman.

Manifestó que si la situación que afecta a los jueces no se encara con la energía y voluntad que las circunstancias demandan, se estaría enviando al país la señal de que la reforma de la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho no son una prioridad del Estado Dominicano, poniendo en juego el fortalecimiento del Poder Judicial y las demás instituciones implicadas.

Destacó que el sistema de justicia  ha tenido que enfrentar a nuevos retos y atribuciones con un presupuesto recortado y estancado desde hace más de 6 años, mientras que el Ministerio Público sigue batallando por seguir en sus caminos de institucionalización, un Consejo Superior Judicial con empleados que apenas sobreviven no se corresponden con  las promesas de seguridad ciudadana y justicia eficiente.

El vicepresidente de Finjus llamó la atención sobre la situación integral de nuestro sistema de justicia. A excepción de los altos jueces, los sueldos del poder judicial han estado congelados desde el 2008 obviando la inflación de la economía dominicana y dando la espalda a que el 45% de los servidores judiciales percibe un salario bruto por debajo de RD$10,000 mensuales y que otro 23% recibe menos del RD$15,000 mensuales.

Lo que indica que de acuerdo a los datos del Banco Central, el 77% de los servidores judiciales gana menos del costo promedio de la canasta familiar que se sitúa en más de 23 mil pesos dominicanos, dijo.