Voces disonantes apoyados en las manifestaciones políticas de la bien organizada oposición chilena, bajo el estandarte de no más AFP, están hoy propugnando por un regreso al sistema de pensiones de reparto, conocidas también como pensiones gubernamentales, en las cuales el trabajador de hoy aporta fondos, complementados por el Estado, para financiar a los pensionados existentes.

Este sistema de reparto se contrapone al que mayormente rige en el país llamado de capitalización individual, en el cual el trabajador recibe $7.10 de su empleador por cada $2.87 que este aporta, dentro del esquema de seguridad social, y de cuyo total $8.00 van directamente a su cuenta de capitalización, conforme a su libertad de elegir la administradora que más le convenga.

Jarto está comprobado en base a innumerables estudios los fracasos a largo plazo de los sistemas de pensiones de reparto.

Estos sistemas han tenido un desempeño aceptable siempre y cuando sean mucho más los trabajadores jóvenes cotizando que los más viejos que se jubilan, y que los Estados que los respaldan tienen presupuestos públicos equilibrados o excedentarios. Una vez el número de trabajadores se acerca al número de pensionados, o los Estados que le respaldan incurren en déficits fiscales, dichos sistemas se hacen insostenibles.

La experiencia latinoamericana así como la de muchos otros países ha evidenciado cómo los sistemas de pensiones de reparto en realidad solo han servido para que gobiernos puedan cubrir sus irresponsabilidades fiscales.

Para simplificar con ejemplos que tanto ilustran, muchos lectores habrán de recordar el famoso Banco de los Trabajadores y cuánto se les descontó para estos fines, sin recibir un centavo de vuelta a su quiebra en manos del mismo Estado que lo creó.

La discusión debe centrase en cómo mejorar nuestro actual sistema, ajustando los parámetros de longevidad, incentivando el aporte voluntario, creando nuevas alternativas de inversión, y muchas otras medidas que se pueden estudiar racionalmente.