En la República Dominicana, como en diversos países de la región, el área de la salud diversificó, hace años, su oferta. Y hoy tanto el sector público como el privado se distribuyen la atención de las personas que demandan los servicios.

La división está clara. El sector público de salud atiende a los grupos más vulnerables y empobrecidos del país. El privado ofrece atención a todo aquel que pueda pagar, muchas veces altas cuotas por una afiliación a un servicio nacional e internacional, las consultas y los internados con los mejores especialistas de la medicina.

Hace poco un colectivo de organizaciones sociales y comunitarias de la región Norte del país se reunió bajo el paragua de un “Encuentro Regional Norte por el Derecho a la Salud”.

Y sin que se tratara de un manifiesto, se presentó una especie de radiografía de la zona. Salió a relucir que en esa parte tan sensible del país faltan profesionales y especialistas de salud en varias provincias y municipios, con altos índices de mortalidad materna e infantil y la persistencia del abandono en los principales hospitales y centros sanitarios.

A esta situación crítica que denuncian en el Cibao se contraponen los llamados “Operativos médicos” que, de tiempo en tiempo, ofrecen determinados ministerios y carteras del Estado, de manera individual o asociados. Si de verdad se invirtiera en una eficaz política de salud no habría necesidad de que se desviaran fondos públicos, provenientes de los impuestos que pagan los contribuyentes, para atender situaciones de salud que no corresponden a la naturaleza del trabajo de dichas instituciones estatales.