Porto Alegre (Brasil).-La Justicia brasileña ratificó hoy la condena por corrupción pasiva y lavado de dinero contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) en una causa relacionada con el escándalo por los desvíos en la petrolera estatal Petrobras.

Los tres magistrados de un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre votaron por unanimidad a favor de elevar a doce años y un mes la pena de Lula frente a los nueve años y medio que le había impuesto el juez de primera instancia.

La decisión, adoptada por unanimidad (3-0) por un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre, abre la puerta a la inhabilitación política de Lula y deja en manos de la Justicia electoral su posible candidatura presidencial.

Los tres miembros de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región fueron unánimes al concluir que quedó comprobado que Lula recibió el derecho a disfrutar de un lujoso apartamento en la playa de Guarujá como soborno de la constructora OAS por el favorecimiento en contratos con Petrobras.

Además de elevar la pena, los tres coincidieron en que Lula tendrá que cumplir la pena en régimen cerrado y que podrán ordenar su detención cuando la defensa no cuente con más recursos para intentar modificar la condena en segunda instancia.

Lula es el favorito en todas las encuestas de intención de voto para las presidenciales de octubre próximo y el Partido de los Trabajadores asegura que no tiene planes para postular a otro candidato y que insistirá en la candidatura del expresidente hasta la última instancia.

 La condena a Lula deja a la izquierda frente a la “alternativa del diablo»

Eduardo Davis   Brasilia, 24 de Enero (EFE).- La sentencia contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva ha dejado a la izquierda brasileña frente a una auténtica “alternativa del diablo»- o escoge un nuevo candidato a la Presidencia o insiste en postular a un condenado a prisión.

El fallo en segunda instancia que hoy confirmó la culpabilidad de Lula en asuntos de corrupción, y hasta aumentó de nueve a doce años la pena, puede haber sido un torpedo a la línea de flotación de la posible candidatura del exmandatario, que lidera todos los sondeos para las elecciones presidenciales del 7 de octubre próximo.

Aunque el Partido de los Trabajadores (PT) ha repetido una y otra vez que su «único” candidato es Lula, la ley electoral brasileña dice que una persona con una condena ratificada en segunda instancia por un tribunal colegiado, como es el caso, no puede postular a un cargo de elección popular por un plazo mínimo de ocho años.

Más allá de eso, pesa el riesgo de que la Justicia decida que la condena se ejecute una vez agotadas las apelaciones en segunda instancia y el exmandatario acabe en prisión, una posibilidad remota, pues todavía tendría derecho a algún recurso en tribunales superiores.

En caso de que Lula responda en libertad mientras apela y que el PT porfíe e inscriba su candidatura, el asunto será analizado por el Tribunal Superior Electoral, en el que muchos analistas, tanto políticos como jurídicos, prevén que sería impugnado.

Pero el tribunal electoral sólo podrá pronunciarse a partir del 15 de agosto, cuando vence el plazo para la inscripción de las candidaturas, y hasta ese momento Lula podría incluso volcarse a una campaña electoral aún sabiendo del alto riesgo de que sea frustrada.

En el PT ya se ha acuñado la frase “elección sin Lula es fraude”, lo que estarían dispuestos a defender los grupos que hoy dirigen esa formación, que hasta ahora están decididos a llevar la candidatura del exmandatario hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, otras facciones dentro del PT sostienen que el partido deberá evaluar otras posibilidades y construir una sólida alianza con el resto de la centroizquierda y parte de la izquierda para intentar volver al poder y cerrarle el paso a las fuerzas más conservadoras.

Fuentes de esas corrientes internas dijeron a Efe que se baraja la posibilidad de “preparar desde ahora” una fórmula alternativa para el caso de una impugnación y que incluso pudiera ser encabezada por algún político ajeno al PT, que gobernó entre 2011 y 2016, con Lula primero y la destituida Dilma Rousseff después.

Entre las posibilidades, aparece una posible candidatura de Ciro Gomes, que fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Itamar Franco (1992-1995) y ocupó la cartera de Integración Nacional en el primer mandato de Lula.