RÍO DE JANEIRO.-El exdiputado Eduardo Cunha, que fue uno de los hombres más poderosos de Brasil, fue condenado el jueves a 15 años y 4 meses de cárcel por corrupción, en el marco de la Operación Lava Jato que hace temblar a la élite política y empresarial del país.

La sentencia contra el dirigente ultraconservador fue dictada por el juez de primera instancia Sergio Moro, de Curitiba (sur), en momentos en que se multiplican en Brasilia las articulaciones entre legisladores para amnistiar crímenes que podría llevar a decenas de ellos a prisión.

«Entre los crímenes de corrupción, de lavado de dinero y de evasión fraudulenta de divisas, hay pruebas materiales», señala la sentencia.

El dirigente, del partido de centroderecha PMDB, fue el gran arquitecto de la llegada al poder del actual presidente Michel Temer, de su mismo partido, tras el impeachment en 2016 de la mandataria de izquierda Dilma Rousseff, quien acusó a ambos de liderar un «golpe institucional».

Una de las condenas por corrupción pasiva se debe al recibimiento «indebido» de 1,3 millones de francos suizos (unos 1,5 millones de dólares) por haber mediado en la adquisición por parte de Petrobras de los derechos de exploración en un campo petrolífero de Benín, en África occidental.

Cunha, de 58 años, estaba en prisión preventiva desde octubre de 2016. Podrá recurrir el fallo, pero aun en ese caso deberá permanecer en prisión cautelar, según determinó Moro.

El magistrado convertido en un ícono de la lucha contra la corrupción se hallaba por la mañana en Brasilia, donde recibió una condecoración del Supremo Tribunal Militar (STM).

«Estoy dando esta medalla no solo a un juez federal, sino a un juez federal que hace un trabajo que toda la sociedad reconoce», dijo a la prensa el presidente del STM, Jose Coelho Ferreira.

Clima político enrarecido

La sentencia contra Cunha se produce en un clima político enrarecido por el avance de dos investigaciones con potencial devastador.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe juzgar la semana próxima un recurso contra la fórmula Rousseff-Temer en los comicios de 2014, por presunto beneficio de dinero ilegal del fraude a la estatal Petrobras, que también involucra a la constructora Odebrecht.

La invalidación de la elección podrá difícilmente sacar a Temer del poder antes del fin del mandato en diciembre de 2018, porque caben recursos; pero podría debilitar al ya impopular mandatario, que busca la aprobación de polémicas medidas de austeridad para sacar al país de la recesión.

Al mismo tiempo, el país aguarda con ansiedad el levantamiento del secreto de sumario de 83 expedientes que contienen denuncias contra un centenar de políticos mencionados por 77 exejecutivos de Odebrecht.

Esa firma es una de las principales involucradas en el esquema revelado en 2014 por la Operación Lava Jato, sobre los sobornos pagados a partidos y políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras.

Según filtraciones de prensa, los pedidos de acusación incluyen a nueve ministros de Temer y a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como a políticos de prácticamente todos los partidos.

Esos expedientes son tratados por el Supremo Tribunal Federal (STF), a cargo de personalidades con fuero privilegiado.

La espera paraliza buena parte de la actividad política, volcada a negociaciones de bastidores para amnistiar las donaciones de campaña (la «Caja 2»).

Desde el inicio de la Operación Lava Jato, la justicia dictó más de 120 condenas, algunas particularmente duras, como contra Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo, que purga una pena de 19 años y 4 meses de cárcel; o contra José Dirceu, ex jefe de gobierno del presidente de izquierda Lula da Silva (2003-2010), condenado a 20 años y 10 meses.

El propio Lula es blanco es objeto de cinco denuncia judiciales, que el icónico líder de la izquierda latinoamericana atribuye a una conspiración para impedir que se presente a las elecciones de fines de 2018.