Por disposición del artículo 94 del Reglamento de Carrera del Ministerio Público, para la selección de Procuradores Generales de Cortes de Apelación, Titulares de Procuradurías Regionales y Procuradurías Especializadas y Procuradores Fiscales Titulares, el comité que establece la ley debe seleccionar funcionarios independientes y con apego a las políticas de mejoramiento y eficiencia de las instituciones del sistema judicial.
El concurso a cargos públicos es el escenario idóneo en el que debe conjugarse la garantía de participación igualitaria y elección basada en méritos.
El artículo 41 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los Procuradores Fiscales Titulares son elegidos por El Consejo Superior del Ministerio Público por un período de cuatro años y su mandato puede ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo, previa evaluación de desempeño.
Las fiscalías del Distrito Nacional, Santiago y la Vega son dirigidas por tres mujeres excepcionales en el desempeño de sus funciones, elegidas por concurso interno, a fuerza de meritocracia. Yeni Berenice Reynoso, Luisa Liranzo Sánchez y Johanna Isabel Reyes Hernández son dignas representantes de la sociedad en la persecución del delito. Su independencia es harto conocida y de sus talentos hablan los resultados.
¿Por qué en las bases del concurso para elegir los titulares de dichas fiscalías se ignora lo previsto en el citado artículo 41? ¿Por qué impedir que puedan seguir, previa evaluación, o que puedan concursar para ascender?
Son legítimos los cuestionamientos al proceso de selección de los miembros del jurado ad hoc para la selección de quienes irían a dichos puestos.
Si el Procurador General de la República ha manipulado el proceso para llevarse de sus puestos a fiscales titulares meritorias e indoblegables, es lógico pensar que está conduciendo el proceso para que sean “elegidos” sus fiscales titulares, cerrarles el paso a fiscales titulares con sobrados méritos para continuar y ascender y hacerle un traje de amianto a quienes tienen responsabilidades en el gobierno.
Toda duda sobre el proceso, que vaya en detrimento de la transparencia y de un trato equitativo, debilitará institucionalmente al Ministerio Publico y deslegitimaría a quien, aun con méritos, ostente el cargo después de terminado el proceso de elección.
