Estimaciones superficiales indican que ya el Estado dominicano ha invertido sobre los 1,500 millones de dólares en la construcción de las dos plantas de carbón en Punta Catalina.
Los estremecedores escándalos en los que está involucrada Odebrecht, la empresa constructora, han colocado ese proyecto en el ojo del huracán.
Incluso, se habla de que los bancos europeos comprometidos con parte del financiamiento están dando una especie de “compás de espera” para hacer desembolsos pendientes para el proyecto.
La indignación nacional e internacional provocada por los confesados sobornos pagados por Odebrecht en doce países, incluyendo la República Dominicana, ha puesto en un segundo plano el objetivo de instalar más de 700 megavatios producidos con combustible de bajo costo.
El proyecto conocido como Punta Catalina busca abaratar el costo de la producción de electricidad en el país y quitarles el poder de coerción a generadores privados que imponen sobrecostos a la energía que les venden a las estatales empresas distribuidoras de energía.
Las plantas en cuestión son necesarias, al precio justo y contratadas bajo el amparo de nuestro ordenamiento jurídico y ético.
Los ideólogos del proyecto han determinado que con la entrada en servicio de esas dos unidades el país podrá ahorrarse 25 millones de dólares cada mes de los sobrecostos impuestos por las generadoras privadas.
Esas plantas deben ser concluidas sin mayores dilaciones, y si en el trayecto se determina que alguien violó la ley que pague por sus actos.
Lo que no debemos es tirar por la borda 1,500 millones de dólares.
