SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General no descarta que algunas personas, entre ellas familiares de los acusados sometidos a la Justicia, sirvieran de testaferros a los encartados por recibir US$92 millones en sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht, y si están vinculados a otras empresas.

Miembros del Ministerio Público están evaluando documentos de supuestas operaciones bancarias realizadas por los imputados y sus allegados que fueron remitidos desde Panamá, para identificar si tienen compañías y posibles testaferros.

Además, la Procuraduría solicitó documentos a Estados Unidos, Brasil, Suiza, Argentina, España, Bahamas y a los países donde la constructora pagó sobornos.

En declaraciones recientes, el procurador Jean Alain Rodríguez aseguró que depositará dentro del plazo la acusación contra el empresario Ángel Rondón, Temístocles Montás, Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Ruddy González, Conrado Pittaluga y Bernardo Castellanos.

También César Sánchez, Máximo D’ Óleo. Radhamés Segura, Roberto Rodríguez y los legisladores Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco.

El Ministerio Público depositará la acusación acompañada de las pruebas contra los imputados ante el juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, quien impuso medidas de coerción a los vinculados al soborno.

Ortega podrá no conocer

Luego de que el Ministerio Público deposite la acusación y sus pruebas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el pleno tendrán que designar un juez de Instrucción Especial para conocer la audiencia preliminar del caso, porque el magistrado Ortega podría ser recusado por los abogados de los imputados al momento de conocer el proceso, si este no se inhibe.

El artículo 78 del Código Procesal Penal, inciso siete, establece que: “Todo juez puede inhibirse o ser recusado por haber emitido opinión o consejo sobre el procedimiento particular de que se trata y que conste por escrito o por cualquier medio lícito de registro”, como el magistrado Francisco Ortega, que por escrito emitió la decisión de las medidas de coerción a los 14 implicados en el soborno de US$92 millones pagado por Odebrecht a empresarios, funcionarios y exfuncionarios para obtener obras del Estado.

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