El procurador general de la República, Jean Rodríguez, prohibió a los miembros del Ministerio Público enviar con mujeres víctimas de violencia de género citaciones y cualquier documento para sus agresores, incluyendo órdenes de protección, de arresto y de conducencia, cuya diligencia es responsabilidad del procurador fiscal.

Las instrucciones fueron dadas mediante una circular dirigida a los procuradores generales adjuntos, procuradores generales de cortes de apelación y los titulares de las procuradurías especializadas, así como a los fiscales titulares.