Pro Consumidor somete resolución para regular parqueos en plazas comerciales

La entidad asegura que los propietarios de estos establecimientos son responsables de los daños ocasionados a los vehículos que estén en sus parqueos

pro consumidor


SANTO DOMINGO.- Pro Consumidor informó que sometió una propuesta de resolución ante el Consejo de la entidad con el propósito de regular el uso de los parqueos en los centros comerciales  de tal manera que no haya perjuicio contra los usuarios y consumidores en caso de sufrir el robo de propiedades de los mismos.

 Explicó que la propuesta de resolución plantea que se prohíba la colocación de letreros que exoneren de responsabilidad a los propietarios, administradores  y sus representantes por robo de vehículos de motor y los objetos dejados en su  interior, mientras estén estacionados dentro de los parqueos del establecimiento.

 Indicó que tomaron la iniciativa tras estudiar varias jurisprudencias internacionales y  sentencias  emitidas por la Suprema Corte de Justicia.

 “Queda clara la responsabilidad civil de los establecimientos donde los ciudadanos acuden como clientes y sufren robos en los parqueos donde se han estacionado”, dijo.

La directora de la entidad defensora de los consumidores, Altagracia Paulino,  presentó en octubre del 2011 una propuesta de resolución que será reintroducida ante el nuevo Consejo Directivo con el fin de que se regule la situación que afecta a los consumidores y usuarios de plazas comerciales.

“Los estacionamientos, aún sea gratuitos, constituyen  una prestación accesorio y complementaria a la prestación principal lo cual genera una obligación de custodia y guarda del vehículo”,  precisó Pro consumidor.

Señaló la entidad que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en torno a los estacionamientos como un servicio cuyo ofrecimiento  se deriva de la oferta realizada, donde la publicidad tiene un papel preponderante en la percepción de los consumidores (Boletín Judicial, número 1214, enero 2012).

 Paulino recordó que el proveedor tiene la obligación de garantizar la protección efectiva  de los intereses económicos de los consumidores o usuarios a través de un trato equitativo, no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes y servicios,. Indica el artículo 33, literal (d), de la Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.

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