PRM denuncia ante organismo internacionales parcialidad y deterioro de la justicia dominicana

PRM denuncia ante organismo internacionales parcialidad y deterioro de la justicia dominicana

PRM denuncia ante organismo internacionales parcialidad y deterioro de la justicia dominicana

Santo Domingo.-Una comisión especial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) realiza un periplo ante varios organismos en Washington y New York para denunciar la parcialidad y deterioro del sistema de justicia dominicano.

La comisión está conformada por el delegado ante la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Ejecutiva, Orlando Jorge Mera, y Sigmun Freund, director legal, quienes se hicieron acompañar de Manuel Conde, miembro del equipo legal del exsenador y exsecretario general de la organización, Jesús Vásquez Martínez (Chú).

La gira de la comitiva se inició el martes con sendas reuniones en las que fueron recibidos por Jean Michel Arrighi, secretario de asuntos legales de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Gabriel Bidegaín, asesor del Secretario General de esta institución, Luis Almagro; además del reconocido diplomático y diseñador de políticas de Estados Unidos especializado en asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega.

En estos primeros encuentros, los miembros de la comisión expresaron a los funcionarios regionales, la preocupación de su partido, por las “evidentes señales de deterioro y de parcialidad que viene mostrando en los últimos tiempos, el sistema judicial de la República Dominicana”.

Según los dirigentes, “la mayor evidencia del deterioro de la Justicia en el país es el manejo absolutamente irregular que se le ha dado al denominado caso Odebrecht, convertido por el Ministerio Público en un proceso con claros ribetes políticos, que lejos de imponer verdadera justicia, solo busca descalificar a dirigentes fundamentales de la oposición”.

Por su parte Manuel Conde, quien forma parte de la barra de defensa de Chú Vásquez, expuso ante los representantes de la OEA la evidencia de lo que denominó “graves violaciones al derecho de defensa y al debido proceso, como lo fue su inclusión sorpresiva e ilegal, directamente en la fase intermedia ante el Juez de la Instrucción, sin haberle informado previamente, en la fase preparatoria o inicial, que existía una investigación en su contra y sin notificarle previamente la prueba a cargo que había recabado en su contra y sin permitirle presentar la prueba a descargo, en dicha fase, como lo hicieron otros imputados que fueron excluidos del proceso”.

 



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