No hay que insistir en la importancia del presupuesto como herramienta de política económica ni como presagio de lo que económicamente nos ha de esperar el próximo año.

Está bien planteado en la prensa nacional desde nuestro escrito de la semana pasada, la situación futura del déficit fiscal y los nuevos endeudamientos requeridos para sostener el mismo, incluyendo deudas para repagar deudas a vencer.

Como hasta ahora no hay indicios de una intención de ejecutar políticas de austeridad en el gasto público en salud y educación: por ejemplo, eliminar la gran cantidad de oficinas públicas con funciones duplicadas o de poca justificación, ni de limpiar la nómina publica, eliminar “botellas”, sueldos, privilegios irritantes, prebendas dispendiosas, y programas cuyo único impacto es generar simpatías políticas, la atención se dirige hacia donde se obtendrán recursos fiscales adicionales.

Entre las, diferentes medidas contempladas para el aumento de los ingresos, se destaca la anunciada intención de permitir la legalización de todas las bancas de apuestas ilegales mediante el pago de impuestos, así como la constitución de nuevas entidades dedicadas a esta actividad, en contravención a la disposición de la Ley 139-11.

Este anuncio nos resulta una de las sorpresas más grandes del proyecto de presupuesto, porque ello es una señal de que el Estado incentiva aun más el juego, ahora como política oficial, al constituirlos en fuente de ingreso, a sabiendas del enorme perjuicio que ello provoca en los presupuestos familiares.

En un país donde se juegan loterías a diario, amén de existir más puntos de bancas de apuestas que escuelas o de cualquier otra actividad comercial, es una vergüenza semejante propuesta.

Lo que una vez fue una iniciativa del Padre Billini para auxiliar a los más desamparados socialmente, se convierte en instrumento fiscal dispuesto a despojar los magros ingresos de la familia en pos de una promesa que solo logra empobrecer aun más a la mayoría de la población.