Santo Domingo.- El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández consideró que todos los escarceos sobre la inexplicable desaparición de Pedro Alejandro Castillo Paniagua “Quirinito”, condenado a 30 años de cárcel, es un escándalo que pone a prueba el sistema de justicia del país.

¨Es escandaloso que un reo que está condenado a 20 años logre conformar un entramado donde evidentemente hay personas que forman parte del sistema de justicia, eso es innegable, facilitaron mediante declaraciones y documentos falsos que este sorprendiera a la juez apoderada y que luego lograra concretizar una espectacular fuga¨, manifestó.

Asimismo, asegura que el manejo de este proceso aparte de poner a prueba el sistema de justicia, es una especie de termómetro de su estado, y sostuvo que lamentablemente el Consejo del Poder Judicial quemó la prueba porque de antemano se perjuició contra el sector más débil, contra la jueza, a la que simple y llanamente se le presentaron las documentaciones correspondientes y acató un pedimento de todas las partes en el proceso, y aceptó documentación de los médicos facultativos que eran certificados por las autoridades correspondientes.

Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, por Antena 7, Surún Hernández, dijo que lamentablemente así no puede funcionar un sistema de justicia, así no se reconoce a los jueces y juezas que en este momento están trabajando como honestidad, porque entiende que de la misma manera que condenan a esa jueza, sin darle la oportunidad de defenderse, mañana pueden condenar a cualquiera.

¨Y eso lamentablemente trabaja en la psiquis, y lo que está ocurriendo en este momento: que un proceso escandaloso que requería la aplicación de sanciones ejemplarizadoras con el debido proceso, ha creado un conflicto mucho mayor porque no se sabe cuál es más perjudicial, si el proceso espectacular de la fuga de Quirinito o los abusos flagrantes que ponen entredicho la independencia de jueces y fiscales¨.

El presidente del Colegio de Abogados afirmóque la protesta que desarrollaron los jueces de primera instancia y de cortes de apelación por la suspensión sin sueldo de dos jueces de ejecución de la pena por investigaciones del caso Quirinito, tuvo como origen no el escandaloso caso, a su juicio tiene su origen esencialmente  en la vulneración del debido proceso y de los derechos fundamentales de que fueron víctimas los jueces que manejaron el caso de Quirinito.

¨En ese orden de ideas, siempre hago la observación, de que nuestra queja es que a esos jueces le fueron aplicadas sanciones sin juicio previo y peor, sanciones disciplinarias sin que puedan ejercer su derecho de defensa, sanciones que no están previstas en la ley. En consecuencia nosotros consideramos que actuaciones como esas al margen de la gravedad del proceso y de las ansias de justicia de amplios sectores de la sociedad, no puede vulnerarse los derechos para satisfacer por adelantado un ansía legitima de justicia¨, deploró el jurista.

Dijo que la justicia tiene que caracterizarse porque se comporta en función de la normativa legal jurídica, debe ser un modelo un ejemplo a seguir, y en consecuencia también la justicia debe garantizar que las decisiones que emiten los jueces no pueden acarrear consecuencias injustificadas contra aquellas personas que lo emiten.

Indicó que no se puede castigar a un juez sin antes confirmar y verificar mediante una investigación, un juicio público, oral y contradictorio que cometió una falta, y precisó que en este caso se ha adelantado la pena, y que es eso precisamente lo que critican y es lo que los jueces que protestaron están exigiendo, el debido proceso,¨es justicia, no es impunidad¨.

En tanto, recordó que en la inquisición, proceso penal que se originaba en el medioevo a  los encartados, a los procesados, a los que eran juzgados se les otorgaba por lo menos el derecho a ser escuchados, tras señalar que algo tan grave que hace 500 años, 600, 700 años, se aplicaba la necesidad de un juicio previo.

Calificó como una locura que en pleno siglo XXI aquí en la República Dominicana para aplicar una sanción a un juez, que es quien cuida a todos, que protege a todos, quien es garante de nuestros derechos, simple y llanamente  se le condene sin siquiera  escucharlo, y peor aún, se le condena a penas que no están previstas en la ley.

Consideró que se le condena también a la insolvencia, ya que un juez cuando está suspendido no se le permite realizar otras actividades laborales distintas a la académica y en consecuencia se le condena al hambre, lo que explica es inhumano y una barbaridad porque además vulnera el principio de presunción de inocencia.

¨Fíjese que el presidente de la Suprema Corte de Justicia antes de  que las investigaciones se iniciaran ya estaba hablando de cortar pescuezos, lo que da una idea de hasta qué punto este tribunal no solamente se comportó como el tribunal inquisidor, sino que llegó un poquito más allá porque ni siquiera la oportunidad le dio a esos jueces… una de las cuales tienes de sus 65 años de vida 45 dedicada al poder judicial¨, expresó.