La inseguridad social que nos afecta cada día con mayor énfasis, aprovechándose de las debilidades institucionales que rayan casi en la complicidad de las propias autoridades responsables de mantener el orden público, ha llegado al límite: un autobús que transportaba cincuenta niños escolares desde su localidad hacia la Feria del Libro fue interceptado por bandoleros que amenazaron con incendiar la guagua, sin importarles el hecho de que muy cerca del lugar había un indiferente destacamento de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet).

Los bandoleros en cuestión no eran otros que un puñado de choferes pertenecientes a dos sindicatos de esos que se creen dueños del país, y que, lamentablemente, parece que infunden temor a las autoridades a lo largo y ancho del territorio nacional.

Reconforta saber que el Procurador General de la República ha anunciado que procesará judicialmente a los delincuentes en cuestión, pero, a decir verdad, la ciudadanía solo estará satisfecha cuando vea a esos malandrines tras las rejas.