La doctrina militar que enfatiza la unidad cívico-militar contribuye con el desarrollo y el buen desenvolvimiento de los pueblos, pues los soldados y policías son ciudadanos uniformados y armados para defender la nación, principalmente, su territorio, sus recursos humanos y sus recursos naturales. La doctrina actual, en cambio, enfatiza el divorcio más absoluto entre el estamento cívico y el militar.
El abismo creado entre los civiles y los militares es el resultado de los objetivos de dominación del Estado por parte de una elite político-económica, nacional y extranjera, que ha puesto a los militares en contra de los civiles y viceversa para mantener al pueblo dividido, en virtud de lo cual, esta élite se ha podido mantener con el control político y económico de la nación en la mayoría de los gobiernos que hemos tenido desde la fundación la Republica.
Esos esquemas de dominación están siendo eliminados en el continente americano, pues muchos gobiernos de la región están promoviendo la unidad cívico-militar como garantía para mejorar la situación social y económica de los pueblos y para asegurar la soberanía y la independencia nacional.
Mantener dividida la población civil de la militar contribuye con el mantenimiento de la corrupción gubernamental, la impunidad, el analfabetismo, la tasa elevada de mortalidad materno infantil, los apagones, la entrega de los recursos naturales a empresas multinacionales extranjeras, el estado de pobreza extrema en que vive gran parte de la ciudadanía, incluyendo civiles y militares, en fin, todos los males ancestrales que padece el pueblo dominicano, pues la unidad cívico-militar sería un muro de contención infranqueable a los despropósitos de la camarilla elitista y excluyente que gobierna el país, responsable de los padecimientos del pueblo dominicano, incluyendo la inseguridad ciudadana, que con una efectiva colaboración cívico-policial se convertiría en cuestión del pasado.
La doctrina de la unidad cívico-militar imposibilita que un soldado o un policía golpee, aprese o levante su arma para dispararle a su compatriota que reclama porque se construya una escuela, un camino vecinal, se ponga fin a los apagones, se respeten el ecosistema y los recursos mineros del país, porque se lleven a los tribunales a los acusados de corrupción administrativa en el tren del Estado, porque reclame mejorías salariales para los empleados, tanto civiles como militares, etc.
La doctrina militar de mantener dividido a civiles y militares atenta contra los intereses de la Patria, porque esa separación impide el desarrollo de muchos programas sociales que exigen el concurso de todo el pueblo. Un ejemplo de esto es la campaña de alfabetización pautada por el gobierno, a la cual deben integrarse los militares junto a los civiles. En ese mismo tenor, se podría poner término al drama de los damnificados que aun deambulan por las calles sin tener un techo donde vivir, los miles de ciudadanos y ciudadanas que viven en aéreas vulnerables como las riberas de los ríos, donde se exponen a las inclemencias de la naturaleza, o los adolescentes que aun viven en las cuevas del malecón. Un proyecto de construcción de viviendas dignas para los desamparados debe contar con la participación unitaria de civiles, militares y policías.
Contrariamente, muchos soldados y policías, que son pagados con los impuestos de los contribuyentes, son sub-utilizados sirviendo de guardianes en empresas privadas, como choferes o cuidadores de mascotas y realizando todo tipo de oficios domésticos en las empresas y casas de familias ricas. Es indignante que soldados y policías de la Patria estén atravesando por tan pésima situación.
* El autor es Secretario General de la Asociación Americana de Juristas (AAJ).
