Quienes manejamos el tema de las relaciones dominico-haitianas sabíamos que el año 2015 traería más dificultades que el último cuatrimestre del año 2013. Nuestras previsiones apuntaban hacia junio con el cierre del plan de regularización migratoria.

El escenario daría para una polémica legal, no por las repatriaciones de inmigrantes, más bien por la apatridia que afectaría a los dominicanos de origen haitiano no inscritos en el Plan de Regularización.

Estos serían expuestos a la expulsión del territorio dominicano hacia Haití, un Estado fronterizo que puede eventualmente negarse a recibirlos.

Es un asunto puramente jurídico que fácilmente pudiera dirimirse en tribunales internacionales. No obstante, la trama orquestada crearía una nueva crisis y posible confrontación diplomático-política cuyo desenlace hoy puede resultar en una tragedia de grandes consecuencias.

Un proceso de orden jurídico-político y las graves revelaciones de un convicto por narcotráfico en República Dominicana han forzado a adelantar aspectos de una trama diseñada para traer de nuevo el tema haitiano en esta coyuntura pre-electoral dominicano.

En la misma, se enfrentan a muerte corrientes de un mismo partido y sus aliados externos en las narices de una oposición en busca de un líder capaz de frenar la popularidad ascendente de un Jefe de Estado tentado a la repostulación.

La quema de la bandera haitiana por un grupo de enmascarados y su declaración de guerra contra la inmigración haitiana seguidas por el ahorcamiento de Henry Claude Jean, en Santiago, han provocado una indignación nacional en Haití.

Ese sentimiento ha ido creciendo con el torpe manejo de supuestas fuentes policiales cuyas versiones filtradas a la prensa hasta la última tesis del suicidio del ahorcado Jean, asumida a nivel Ministerial, no han ayudado a esclarecer el horizonte.

El gobierno dominicano, en voz de su canciller, al condenar dichos actos tenía claro que los mismos pudieran provenir de grupos que buscan afectar las relaciones entre las dos naciones.

Un editorialista solicitó al gobierno que identificara estos grupos, lo cual aún no se ha hecho y se entiende no se hará. Más todos los conocemos.

Ese doble juego existe hace tiempo. Así ha crecido el antihaitianismo en base al respeto del Estado de derecho alegado por la parte dominicana para rechazar las acusaciones haitianas.

En esa lógica, la expulsión de la universidad estatal de un grupo de estudiantes haitianos y sus invitados oficiales en la conmemoración de su patriota Dessalines, encabezada en octubre del año pasado, por un aliado del gobierno, es vista como una acción normal.

¿Perdieron la paciencia los desaprensivos haitianos que protagonizaron los incidentes del consulado y quemaron una bandera dominicana? ¿O los dominicanos que amarraron en un poste de luz a un inmigrante haitiano para infligirle un castigo público en un barrio de la capital ante la mirada pasiva de los transeúntes?

No. Desde la dirección de ambos Estados no han visto el interés de ponerse en la piel del otro, ver cuáles son las quejas y dónde están las fallas mutuas con el propósito de proyectar hacia sus poblaciones el más excelso ejemplo de respeto y convivencia.

Así, arrastrados en el pleito interno dominicano, ni tontos ni perezosos los dirigentes haitianos se sirvieron con la cucharada grande en estos días, sin lograr la unificación nacional materializada del lado dominicano.

Su principal problema es la caótica gestión del programa de documentación (PIDIH) donde demostraron una irresponsabilidad descomunal ante la comunidad haitiana en la República Dominicana al exponer a más de 250,000 personas a la repatriación.

La consecuente crisis humanitaria que puede resultar de dichos operativos como factor de destabilización en Haití no puede ser un orgullo para nadie. El diálogo bilateral debe reiniciarse.

Esta vez con una agenda que busque la reconstrucción sincera de los lazos entre los dos países. Que exprese la voluntad política de los dirigentes en lograr un manejo realmente transparente de las relaciones binacionales en base a la realidad de la interdependencia socio económica.

Deben de comenzar con un acto de desagravio de las banderas en los consulados de PetiónVille y Santiago; una marcha binacional por la paz; la negociación de un plan gradual de repatriación y una compaña mediática durante un año sobre la hermandad binacional.
Por la paz insular es necesario.