Como instrumento procesal y sustancial de derechos y libertades, la democracia no solo debe velar por garantizar la legitimidad del poder, sino también su eficiencia y efectividad.

La etapa post electoral transcurre con sucesos replicados en cada certamen electoral.

Sincerémonos. Si bien fue la ideología con mayor preponderancia y éxito en el siglo XX, no menos cierto es que actualmente el sistema democrático padece de problemas de legitimidad y operatividad. No basta que existan instituciones con innegables avances –debilidades también-.

Las desigualdades partidarias, la inmadurez cívica e institucional y la inestabilidad económica, con el telón de fondo del déficit normativo –sin ley de partidos políticos y omisiones de la ley electoral-, son imprevisiones que ponen en entredicho el compromiso del sistema y liderazgo partidarios.

República Dominicana sigue anclada en una democracia en gran parte clientelar, con una participación de los agentes políticos en muchos casos pobre y maniobras de manipulación de la población votante en los procesos de deliberación a cargos electivos. Se advierte el manejo de la opinión pública, la diferencia abismal de recursos entre organizaciones políticas, la captación de votos mediante mecanismos contrarios a la ley y a los principios de transparencia, equidad, pluralidad y efectividad democrática.

La desilusión ciudadana se incrementa cuando las instituciones esenciales del sistema electoral no funcionan de la manera esperada y necesaria. No se puede permitir la participación de políticos y partidos oportunistas que no respetan las reglas de juego preestablecidas.

Las debilidades democráticas aumentan en la medida en que la población votante está constantemente bombardeada con orientaciones inadecuadas, que desinforman al votante y con una tendencia conductual antidemocrática, como la venta de su voto.

En términos valorativos hemos avanzado. Pero la población debe seguir empoderándose para ser una democracia más participativa y plural.

El poder se legitima por la validación ciudadana, en la postulación y la consecuente elección libre de las personas a ocupar funciones públicas dentro de un esquema sano de competencia.

La suficiencia y la solidez normativas, las herramientas de fiscalización y deliberación popular determinan la estabilidad de la estructura política del Estado.

Lo que falta es una omisión deliberada y permitida. Políticos decisores no la implementan y los ciudadanos no ejercemos la presión necesaria. Responsabilidad compartida.