Miércoles, 26 de septiembre, 2018 | 1:30 am

Policía Nacional, autoridad cuestionada



La lucha por el fortalecimiento del Estado de derecho, el bienestar social y la protección de los derechos fundamentales en sociedad debe continuar con firmeza.

Sobre todo, cuando seguimos viendo acciones extrajudiciales de la Policía Nacional, como es el caso del allanamiento de Los Mina en búsqueda de personas con sospecha criminal sin orden judicial.

Este tipo de persecuciones son arbitrarias e inexcusables y hacen pensar que pudieran haber otros propósitos ante que el arresto y sometimiento de los sospechosos.

Para autorizar el allanamiento de una vivienda se deben reunir una serie de circunstancias, como la duda razonable sobre la comisión de un hecho punible atribuible al individuo que se persigue. Por esto la creencia debe ir más allá de la mera sospecha.

Las órdenes judiciales de allanamiento son una práctica común que para su validez deben reunir una serie de requisitos: a) la orden debe ser presentada de buena fe por un agente de la ley; b) basarse en información confiable que demuestre causa probable sobre la comisión de hecho punible para la búsqueda; c) debe ser emitida por un magistrado imparcial; y, d) la orden debe indicar específicamente la persona involucrada, los lugares y horas en donde se realizarán la búsquedas, registros diversos, las pruebas o indicios que sustentan la petición al juez y los bienes inmuebles o muebles que pueden ser incautados.

El sistema judicial ha encargado a jueces de Atención Permanente para preservar la eficiencia de la persecución criminal.

Es evidente que sin una orden judicial válida que autorice las actuaciones policiales, y sin la presencia de ninguna de las excepciones establecidas en el Código Procesal Penal al requisito de autorización judicial, la evidencia encontrada durante los allanamientos puede estar sujeta a la regla de la exclusión probatoria, lacerándose el Estado de derecho y complicando el proceso y la instrumentación de los casos del Ministerio Público.

La regla de exclusión impide que la evidencia obtenida ilegalmente sea admitida en un tribunal de justicia. Si la evidencia es obtenida ilegalmente todas las pruebas que se desprenden de ella también lo son (“fruto del árbol envenenado”), el caso se cae, no hay juicio y la delincuencia se seguirá paseando por sus fueros.

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