Santo Domingo.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán Mejía, apoderó a la Inspectoría General con la finalidad de que realice las indagatorias de lugar en torno a la denuncia hecha por la Procuraduría General de la República en contra de la jueza de Ejecución Interina de San Cristóbal, Katherine Rubio Matos, quien favoreció a más de 40 condenados.

La decisión está contenida en la Comunicación núm. 0001/2018, remitida al Inspector General del CPJ, Leonidas Radhamés Peña.

De inmediato, un equipo de inspectores del Poder Judicial se trasladó al Palacio de Justicia de San Cristóbal, con el propósito de realizar una investigación sobre el particular.

Durante la fase investigativa, la Inspectoría cumple con un protocolo  a través del cual se cumplen las distintas fases procesales de la indagatoria, antes de concluir con los resultados.

Permisos eran para fiesta

Los internos que guardan prisión en cárceles del país condenados por su participación en los casos Paya, Figueroa Agosto y relacionados al extinto capo Florián Félix, entre otros, figuraban favorecidos con permisos para pasar Año Nuevo con sus familiares.

Los beneficiados para participar en encuentros familiares con permisos por días feriados, dados de forma irregular por la jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal Katherine Rubio, son Gian Enrique Rojas Matos y Winston Antonio Rodríguez, condenados a 30 años de cárcel por pertenecer a la red de sicariato de David Figueroa Agosto; Juan José Bautista, un miembro de la banda del extinto narco Florián Félix, condenado a 30 años por el secuestro y asesinato de Víctor Augusto Féliz Mato, y Andrés Tapia Balbuena condenado a 20 años de cárcel por el caso Paya.

También fueron beneficiados con esos permisos reos condenados por homicidio, clonadores de tarjeta, robo, tráfico de drogas y otros casos.